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Mediante una auditoría, el ente contralor revisó todos los pagos efectuados por el Serviu al municipio para el proyecto, y que totalizan 41.554 UF ($ 1.200 millones, aproximadamente). Se detectó que siete de los beneficiarios escogidos por el municipio no cuentan con el subsidio de arriendo otorgado por el Minvu, y tampoco con la autorización de esa repartición del gobierno que los habilite para ser incorporados a la iniciativa. Desde el municipio señalaron que "las obras contratadas y ejecutadas se ajustan a la normativa municipal, contó con los permisos y recepciones legales que ella exige y las familias beneficiadas han cumplido con los requisitos".
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