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Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) criticó la propuesta del Gobierno en el combate contra la corrupción, abusos y privilegios por abordar sólo ciertas dimensiones de la problemática. Recordó que el CPLT entregó a distintos poderes del Estado una propuesta en mayo, entre ellos al Ejecutivo, y a pesar de haber sido bien recibida no ha registrado avances relevantes.
Entre las medidas contra la corrupción que plantea el Consejo destacan mayor fiscalización y aumento de sanciones a los parlamentarios, nuevos estándares de transparencia en empresas públicas y aumento de los recursos y atribuciones de Contraloría, institución con la que anunció firmarán un convenio para trabajar conjuntamente en la reconstrucción de la confianza ciudadana asesorando a instituciones clave para el sistema democrático en materias como probidad y transparencia.
Como una agenda tardía y acotada a una parte del problema calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la denominada Agenda de Trato Justo, Dignidad y Anti Abusos presentada por el Ejecutivo a principios de diciembre, junto con alertar que no ataca instituciones o actores en que la población tiene una percepción de ser privilegiados. En específico, el titular del CPLT afirmó que es una agenda que “llega tarde” y que sólo se hace cargo de una parte del problema¸ explicó Jaraquemada a El Mercurio.
Lo anterior, explicó el titular de Transparencia, tras el estallido social el Gobierno tomó la decisión de levantar una agenda anti abusos focalizada en ciertos temas, lo que pese a calificarlo de un avance “no ataca a instituciones respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados”, entre los que menciona al Congreso Nacional o empresas públicas.
Asimismo, Jaraquemada desglosó algunas medidas que, a su juicio, permitirán fiscalizar y regular algunos aspectos al Parlamento. “Si bien ha hecho avances en probidad y transparencia, está al debe en cuestiones que son básicas para evitar el conflicto de interés”. Asimismo, menciona a las empresas públicas como un actor que debe avanzar y ampliar sus obligaciones en materia de transparencia, por lo que se propone un modelo de sistema de integridad más amplio que someta a sus directivos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y a la Ley del Lobby, relativas al registro de audiencias, donativos y viajes.
En otras instancias, el titular de Transparencia ha planteado que a partir de mayo de 2019 socializó con el Gobierno y otros poderes del Estado una propuesta en la que se plantearon más de 40 medidas anticorrupción y pro transparencia en ocho ámbitos distintos, las que apuntaban a reducir espacios de corrupción y faltas a la probidad funcionaria, sin embargo, existían otras prioridades.
Asimismo, ha comentado que aunque la recepción de representantes de distintas instituciones a las medidas que planteó el CPLT fue positiva, estas no supieron calibrar la importancia subyacente a la agenda, relacionado con una creciente falta de credibilidad en instituciones relevantes para la democracia y particularmente una percepción de creciente corrupción.
El presidente del Consejo ha afirmado también que un retroceso en las obligaciones en materia de transparencia sería una de las mayores torpezas institucionales que se podrían cometer tras el estallido social. Esto dado que considera que es la única forma de avanzar en mayor credibilidad, confianza y una menor percepción de corrupción, inyectando transparencia al sistema público y al sistema político.
Por ello, esta semana el CPLT anunció esta semana que trabaja en un convenio que suscribirá con la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y las principales asociaciones de municipalidades a nivel nacional para -entre otras cosas- crear un “Laboratorio de Integridad y Transparencia”, instancia que busca prestar asesoría técnica precisamente en esas materias a las autoridades locales de forma de identificar los riesgos y ámbitos donde los municipios presentan más riesgos de corrupción o de ocurrencia de algún tipo de irregularidad.
Respecto de acciones que apuntan a profundizar mejoras en el sector público, Jaraquemada ha apuntado a la necesidad de simplificar el sistema de contratación, con incentivos adecuados y sistemas de salida. También ha destacado la necesidad de cambios en los municipios, entre los que se contempla el fin de las dobles contrataciones, uso indiscriminado de horas extraordinarias, donaciones de privados y compras y licitaciones. En este último caso, la idea del CPLT es crear un sistema centralizado, una especie de gran poder comprador del Estado. Lo anterior puesto que a nivel municipal existe una gran asimetría institucional y de recursos que se traduce en niveles de precariedad tan básicos como no contar con unidades o profesionales de contabilidad.
En el caso de las licitaciones de grandes obras públicas, Jaraquemada ha comentado la necesidad de crear nueva institucionalidad, una Superintendencia de Obras Públicas -en caso de no incluir este tipo de adjudicaciones al sistema centralizado-. Entidad autónoma a cargo de supervigilar y fiscalizar los procesos de adjudicación y las modificaciones o término de contratos. A modo de ejemplo, se ha referido al caso de una red de corrupción que se investiga en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), comentando que este tipo de situaciones muestra una carencia relevante en este ámbito.
La agenda que socializó el CPLT previo a la crisis social también incluye al sector privado. En este ámbito, pese a evaluar positivamente las propuestas del Ejecutivo en cuanto a los delitos de colusión y al aumento de responsabilidades penales, el presidente del Consejo afirma que el debiera ampliarse el foco y aumentar las sanciones para las personas naturales que hayan participado en actos contrarios a la probidad o la libre competencia: uno, que sean eliminar de los registros de proveedores y que por ende no puedan volver a suscribir contratos con el Estado y dos, que se les inhabilite para ejercer cargos públicos.