Defendamos la ciudad

El diputado Patricio Hales, el dirigente del Colegio de Arquitectos Hernán Edding y el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, exigieron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) poner fin al daño patrimonial que constructoras de edificios causan a sus vecinos. El parlamentario exigió, además, derogar la nueva norma que autoriza construir subterráneos penetrando bajo propiedades vecinas. ”Hoy día, usted puede estar durmiendo mientras desde el sitio vecino la constructora está excavando bajo su casa, sin su permiso, entrando siete metros en su propiedad metiendo hormigón y fierro”, denunció. Al respecto, señaló que planteó a la titular y al jefe de la División de Desarrollo Urbano de la cartera, Patricia Poblete y Luis Bresciani, la necesidad de resolver la desprotección de los derechos de los vecinos de construcciones de edificios que provocó ese ministerio, calificándolo de “grave retroceso normativo”. A modo de antecedente, el legislador explicó que el Minvu autorizó, mediante una nueva circular fechada en abril, en la que se indica que “cuando una constructora necesita reforzar las paredes de la excavación de un subterráneo, puede penetrar con excavaciones, fierros y hormigón dentro del terreno de sus vecinos e incluso penetrar sin permiso por debajo de la casa o del edificio de su vecino”. “Antes de la circular, las constructoras estaban obligadas a pedirle permiso a sus vecinos para meterse por debajo de sus propiedades lo que es un atropello inaceptable autorizado por el ministerio contra el patrimonio, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de construcciones de edificios. Las constructoras, ahora, pueden penetrar terrenos ajenos como si fuesen suyos”, declaró. A lo anterior, Hales agregó que gracias al Minvu, la inmobiliaria aumenta sus utilidades a costa de sus vecinos. “La constructora se evita construir los refuerzos normales de seguridad para evitar derrumbes, ahorra los costos de construir por tramos, despeja su terreno acelerando los tiempos del negocio. Mientras que el vecino afectado sufre la desvalorización de su propiedad y los riesgos de daños de diverso tipo en su inmueble”, expuso. Lo vergonzoso, comentó Hales, “es que la autoridad se puso de acuerdo con los intereses de la construcción, en una -mesa de trabajo no consignada en la ley- y con ellos anuló, las propias disposiciones ministeriales, que antes cuidaban los derechos de los vecinos”. El parlamentario precisó que en 2004, el mismo jefe de Desarrollo Urbano establecía que el constructor de edificios “no puede disponer de la propiedad de los vecinos colindantes, añadiendo que “de igual forma, los protegía la Seremi de Vivienda, al exigir la autorización del vecino ante el municipio”. “La norma anterior protegía el bien común y el derecho de propiedad de los vecinos de cualquier construcción. Las constructoras antes estaban obligadas a presentar, ante la municipalidad, la autorización de cada vecino para poder hacer trabajos debajo de las propiedades colindantes”, declaró. En defensa de ellos, en 2004, afirmó Hales, la entonces jefa de la Seremi de Vivienda, Verónica Serrano, había ordenado, que en las excavaciones de subterráneos, para las soluciones de anclajes de entibaciones que requieren ocupar terrenos vecinos, los directores de Obras Municipales exigirán, al constructor interesado, presentar la autorización expresa de los propietarios vecinos que corresponda, ello, dado que las disposiciones del Código Civil prevalecen sobre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. “Hoy el ministerio anuló su instrucción”, aseveró. El arquitecto y diputado advirtió a continuación que el 12 de abril de este año, “el Minvu anuló la instrucción de la Seremi -que defendía a los vecinos- y prefirió favorecer a las constructoras, al estipular en una circular que “en los casos que estas obras se realicen bajo los terrenos de propiedades vecinas, la normativa de urbanismo y construcciones vigente no establece que deba acompañarse alguna autorización de los vecinos para permitir entibaciones o tensores subterráneos bajo su terreno”. “Nunca he visto en la Ley de Urbanismo la potestad reglamentaria de una mesa de trabajo con los interesados en construir. No le reconozco legalidad a reuniones a escondidas y en contra de la ley y menos en contra de los vecinos”, declaró. Para el parlamentario, “al anular la disposición que protegía a los propietarios vecinos, el Minvu y la ministra pueden estar colocándose en la ilegalidad al no acatar que el Código Civil prevalece sobre las interpretaciones de los funcionarios de Vivienda”, ello porque en su artículo 582., invocado por el propio ministerio en los tiempos en que argumentaba en defensa del derecho de propiedad de los vecinos, se establece que “el dominio o propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente”. “El Minvu debe corregir su atropello volviendo a exigirle a las constructoras que presente la autorización de cada vecino propietario antes que se vea afectado con obras sobre o debajo de su propiedad”, expuso. Finalmente, el parlamentario dijo que lo que exige “es poner fin a la depredación patrimonial de los vecinos provocada por atropelladores que actúan al amparo” de la secretaría de Estado.