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A 21 días de la paralización de las obras del proyecto inmobiliario y de oficinas Vespucio 345, desarrollado por la Inmobiliaria Isidora 23 -ligada a Pablo Letelier y Jaime Gana-, y emplazado en el barrio El Golf entre las calles Asturias, Renato Sánchez y Américo Vespucio, la empresa reanudará hoy su construcción.
Así lo asegura el abogado que representa a la firma, Jorge Bofill (del estudio Bofill Escobar) quien, además, anuncia que interpusieron ayer una demanda en contra del municipio de Las Condes, exigiendo una indemnización de US$ 1,26 millones por las pérdidas de 1.400 UF diarias que, afirma, sufrió la compañía a raíz de la paralización de la iniciativa -que considera una inversión por US$ 100 millones- dictaminada por el municipio, principalmente por diferencias sobre la superficie del predio donde está emplazado.
“El alcalde Joaquín Lavín está poniendo sus intereses personales por sobre la ley”, asegura Bofill, añadiendo que el accionar de la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha sido ilegal. Según el representante legal de la compañía, el edil de Las Condes se ha dejado presionar por grupos de interés, entre ellos el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, vecino del sector.
“Ellos (los vecinos en contra de la iniciativa) han utilizado cuanto argumentos se les han ocurrido, entre esos la superficie. Pretendían ganar los recursos de reclamación que interpusieron ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero los perdieron. Luego de eso se fueron a la Corte de Apelaciones, pero como los procedimientos judiciales no avanzaban con rapidez, decidieron transformar esto en una campaña mediática, valiéndose en que algunos de ellos son vecinos muy influyentes, como Felipe Alessandri, y lo que hicieron fue ejercer presión al alcalde Lavín”, afirmó.
Cabe recordar que la municipalidad de Las Condes decretó la paralización el 24 de noviembre, luego de determinar que la iniciativa que considera la construcción de dos torres: una de oficinas y otra de departamentos, y que a la fecha registra 50% de avance en sus obras, fuera cuestionada por los vecinos de Presidente Errázuriz que, entre otras cosas, señalan que el predio donde se emplaza cuenta con una superficie menor a 7.500 m2, lo que no estaría en línea con la normativa. En este contexto, el municipio encargó un informe al Idiem de la Universidad de Chile, que estableció que el predio del proyecto tiene una superficie de 7.371 m2.
Los argumentos
La demanda de indemnización interpuesta en contra de la Municipalidad de Las Condes parte del hecho de que la empresa considera que la DOM no cuenta con las atribuciones para paralizar la construcción del proyecto.
Eso debido a que habría sido el mismo organismo el que validó la superficie del predio, cuando la inmobiliaria adquirió a la Universidad Mayor, los siete terrenos que conforman el paño. Estos debieron pasar por un proceso que definió, hace más de dos años, en una resolución de fusión hecha por la misma DOM, que determinó su superficie en más de 7.500 m2, asegura Bofill.
En vista de lo anterior, la DOM, dice el abogado, invocando a una norma sobre procedimientos administrativos que dice que las autoridades pueden dictar medidas provisionales en anticipación a un procedimiento administrativo, solicitó a la empresa aclarar dichas diferencias y decretó la paralización del proyecto, pero incumpliendo el plazo máximo de 15 días en que puede mantenerse esa medida de carácter provisional.
“El lunes de esta semana era el décimo quinto día hábil desde esa resolución y la ley dice que estas medidas no pueden durar para siempre, porque afectan a las personas. Así, al día 15 a más tardar la autoridad debe decidir si abrir un procedimiento de invalidación o decidir si mantiene, confirma o deja sin efecto la medida provisional. En este caso la DOM no hizo nada, lo que certificamos ante Notario”, dice Bofill.
“Empezaremos a operar mañana (hoy), porque la DOM no tomó ninguna decisión y la regla legal que ellos invocaron dice que las medidas quedan sin efecto por el solo ministerio de la ley si es que no toman una decisión, por lo tanto, hoy día esa decisión no está vigente y no tiene ninguna validez legal. Por lo tanto, estamos autorizados a construir porque tenemos el permiso de edificación”, añade.
Con todo, comentó que están estudiando sumar una acción legal en contra del alcalde Lavín. “La forma en que ha actuado el alcalde es incomprensible y la única comparación que se me ocurre es con el alcalde de Valparaíso y el proyecto de la familia Ibáñez”, remató.