Defendamos la ciudad

Se trata de construcciones de viviendas muy modestas, prohibidas por ley por su ubicación en suelos agrícolas o no urbanizados. Bajos precios alimentan el sueño de la casa propia y permiten "emprendimientos" truchos que se realizan fuera de los límites establecidos en los planes reguladores.

 "Desde un millón quinientos mil pesos, a metros de la playa, el lugar ideal para vivir o vacacionar", reza uno de los avisos con que inescrupulosos tientan a personas generalmente de escasos recursos o de clase media con la expectativa de tener por fin un terreno donde construir su casa propia o su lugar de veraneo. Lo que no les dicen es que esa propiedad no se encuentra legalmente subdividida y que lo que en realidad adquieren son simples derechos en una comunidad. 

Tampoco les advierten que no contarán con agua, luz, alcantarillado o cualquier otro servicio básico. Menos les informan que cualquier construcción que efectúen en esos terrenos podría ser demolida por así disponerlo la ley. Miles pierden sus subsidios habitacionales.

Para estafar, alguien debe "caer"

En nuestro país rigen estrictas normas legales que regulan el uso de suelos, lo que está permitido hacer en ellos y qué se encuentra prohibido. En los rurales cuyo destino natural es agrícola, se multiplican las subdivisiones sin las autorizaciones correspondientes, constituyendo los conocidos "loteos brujos".

Para que exista una estafa es necesario no solo un truhán que engatusa con algún cuento o quimera, sino que debe haber también quien acepta ser desplumado" y, lamentablemente y a pesar de todas las advertencias de autoridades, en Chile son miles los que caen.

Estafadores compran propiedades rurales o no urbanizadas, sobre todo en los márgenes de la ciudad, las lotean sin regularizar los planos y les venden a los ingenuos solo derechos, sin aclarar que ellos no corresponden a la propiedad que aparece en los croquis de terrenos que les ofrecen. Una vez vendidos e incluso revendidos los lotes y ya con el dinero en su poder, desaparecen, sin efectuar las regularizaciones y urbanizaciones correspondientes.

Al presentarse en los municipios para revisar su situación o en los Conservadores de Bienes Raíces para intentar inscribir lo que creen haber adquirido, los compradores se encuentran con la desagradable noticia de que sus planes se esfumaron, al igual que los ahorros familiares,y que a lo más pueden  aspirar a constituir una comunidad  e intentar que se les autorice el cambio de uso de suelo para legalizar el loteo. Otro drama será urbanizar, lo que deberán costear de sus propios bolsillos. 

Si es barato, sospeche

El gancho son los muy bajos precios. Por ejemplo, en Los Alfalfares en Coquimbo, unos cuatro kilómetros al interior del Valle de Elqui, decenas de familias debieron soportar la ausencia de luz y agua, acumulación de escombros y basura, la contaminación de fuentes de agua, focos de infección, mal olor y otros perjuicios. Les vendieron terrenos de mil metros en cerca de 10 millones de pesos cada uno, asegurándoles luz, agua y pozo séptico.

En agosto pasado, deudas de los empresarios que ofrecieron el terreno y que nada tenían que ver con los compradores, generaron la interrupción de los servicios básicos por semanas. Para peor, los lotes "entregados" eran irregulares, pues la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) fija que en los predios agrícolas no se puede construir nada, a excepción de la casa del dueño, la del trabajador y construcciones propias de la labor agrícola. No solo eso, un decreto vigente (3.516), establece que la subdivisión solo puede llegar a un mínimo de cinco mil metros cuadrados. 

Además los esfuerzos individuales no pertenecen a quienes los hacen, pues al tratarse de comunidades, los bienes (por ejemplo la edificación de un inmueble) pasan a ser de todos los comuneros y no solo del que construye. Ello, porque la persona al adquirir solo derechos sobre el terreno no se transforma en propietario individual, sino que en uno más de la comunidad en que todo pertenece a todos. 

De sueño a pesadilla

Si bien los "loteos brujos" afectan a todo Chile, hay sectores que los viven más intensamente, como los terrenos cercanos a balnearios que seducen a quienes pretenden obtener una segunda casa. Solo en Pichidangui, en la región de Coquimbo, se estiman en cerca de 500 las parcelas donde se han efectuado loteos irregulares con miles de afectados. La situación se replica en cada balneario del país.

Laguna Verde, en la V Región, fue uno de los sectores más afectados por los loteos brujos en que cayeron desde connotados políticos a rostros de la televisión y personajes ABC1 que prefirieron hacer la "perdida" antes que denunciar el chascarro. A tal punto fue el escándalo que la municipalidad de Valparaíso debió instalar carteles en Curaumilla, sector más afectado con el entuerto, dando cuenta de las medidas de precaución que debían tener quienes pretendieran comprar en la zona. "No compre derechos sobre parcelas en Curaumilla", "No construya en sitios menores a los 5.000 metros cuadrados", son algunos de los que debieron instalarse alertando las estafas. 

En la exclusiva localidad de Caburgua, al noreste del lago Villarrica, los loteos brujos pulularon en el camino a Playa Blanca y la ruta S-905, que cuentan con una nula o precaria urbanización. En general la región es una de las más afectadas por la venta de "parcelas de agrado" o terrenos menores para uso habitacional, distribuidos especialmente en torno a los ejes de comunas como Imperial, Chol- Chol, Valdivia, Niebla y otros sectores donde se ocupan incluso terrenos estimados protegidos, como zonas indígenas. 

"Dar hasta que duela"

En la comuna de Peñaflor, en la provincia de Talagante, se dio una situación grave que afectó a miles de personas de escasos recursos. Allí un grupo de empresarios adquirieron terrenos sin aptitud urbana, de entre 5 y 20 hectáreas, procediendo a lotearlos. Por supuesto, el pingüe negocio enriqueció a quienes lo operaron. Por ejemplo, una hectárea (10 mil metros) que posee un costo promedio de $15.000.000, fue subdividido luego en pequeños sitios de 500 metros que se venden en $ 3.000.000 cada uno, generando un negocio que eleva la hectárea a $150.000.000 para los revendedores.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a cinco años y un día de presidio  al ex alcalde de esa comuna, Desiderio Moya Peña, y a otros nueve individuos, varios de ellos exfuncionarios municipales, como autores del delito de estafas reiteradas en contra de un grupo de vecinos por la venta de "loteos brujos". 

La sentencia estableció que "los encausados tomaron conocimiento de la necesidad e interés que tenían muchos pobladores de escasos recursos en la comuna de Padre Hurtado, de adquirir un inmueble donde construir sus casas, (...) compraban parcelas las que posteriormente vendían a comunidades de pobladores que estaban autorizados por la Municipalidad (...), garantizando los servicios de agua y luz gratis (en)  reuniones masivas con potenciales clientes, en las que participaba el Alcalde (...) quien aprovechándose de la confianza y credibilidad que dicha investidura le otorgaba (...) ofrecieron en venta sitios ubicados en terrenos rurales que se encontraban sin urbanizar, prometiéndoles el cambio de suelo (...) y al pagar se les entregaba un recibo (...) haciéndoles creer que una vez que terminaran de pagar tales sitios, éstos se inscribirían a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces, lo que nunca se estuvo en condiciones de hacer, debido a que dichos terrenos se encontraban con orden de embargo (...)".

Municipalidades y daño al medio ambiente

Tras los loteos brujos se da un daño no solo al incauto que compró; también existen una serie de consecuencias nocivas para el medioambiente, como contaminación por aguas servidas, de napas subterráneas y canales de riego, acumulación de residuos domiciliarios que generan focos de basura que se transforman en peligrosos incendios, aumento y exposición a la delincuencia, tala de bosque nativo, instalaciones eléctricas "truchas", estrechas calles que impiden el acceso de vehículos de emergencia, exposición de la población a intoxicación por plaguicidas pues los terrenos están insertos en área agrícola, etcétera. 

"Al consolidarse estas nuevas poblaciones sus moradores exigen a las autoridades que les construyan los servicios básicos, ya que allí no hay alcantarillados ni tendidos eléctricos, como las pavimentaciones de veredas y calzadas. Las basuras son introducidas en pozos negros y en ocasiones en los canales de regadío", señala a Cambio21 Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Entre quienes tienen incumbencia en el tema se encuentran los municipios, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el ministerio de la Vivienda y otras autoridades. 

La Corte Suprema ha establecido una importante jurisprudencia en el tema al señalar que los municipios tienen el deber de cuidado sobre el medioambiente frente al daño que terceros puedan ejecutar en estos loteos irregulares. 

Es básico que frente a la oferta de un terreno, sitio o parcela de agrado los potenciales compradores consulten con las municipalidades, el Conservador de Bienes Raíces y demás autoridades. Los juicios que generalmente se plantean en contra de los inescrupulosos por quienes fueron timados, suelen durar años. 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) ampara a los afectados, sancionando con penas de cárcel a quienes hagan una urbanización y un loteo sin las respectivas autorizaciones para ello. Pero, claro, sancionarlos es una cosa, recuperar los dineros una muy distinta. 

La Ligua: ¿ciegos, sordos y cómplices?

Un reclamo por la implementación de un importante loteo brujo que, a pesar de denuncias incluso judiciales sigue vendiendo terrenos, realizaron a Cambio21 un  grupo de residentes de la zona. Cristián Núñez, comerciante del sector, señaló a nuestro medio que tanto las autoridades municipales de La Ligua como la fiscalía local han hecho vista gorda frente al serio problema que afecta al medioambiente en innumerables extensiones de terrenos rurales que han sido objeto de loteos no urbanizados: "Incluso instalan a orilla de carretera puestos de venta, palmeras incluidas, para ofrecer estos sitios ilegales", indica. 

"Sociedades de inversión, aprovechándose de la ignorancia de la gente, han estado vendiendo para que lugareños construyan sus viviendas al margen de la LGUC, asunto que el intendente de la V Región de Valparaíso le encomendó fiscalizar al Seremi de Vivienda de esa región, quien a sus vez formalizó la denuncia al Fiscal Local de la Ligua", explica Patricio Herman, quien agrega que se trata de "actuaciones corruptas cometidas por empresarios ávidos de ganar altas sumas de dinero engañando a personas que desconocen las leyes".

 Añade que se han visto obligados a notificarlos por "la prensa, pues las autoridades competentes de la municipalidad de La Ligua no han tenido la voluntad política para contener esta actividad comercial ilegal". 

Los reclamos también alcanzan al Ministerio Público: "El Fiscal Local de La Ligua, a pesar de que tiene en su poder la denuncia del Seremi de Vivienda desde marzo pasado, por motivos incomprensibles no ha ejercido oportunamente su función para impedir la consecución de estas ventas ilícitas de loteos brujos. El Concejo Municipal en pleno, así como el Director Jurídico y el Director de Obras, están al tanto de estas prácticas comerciales indebidas pero no han hecho nada concreto para evitarlas", denuncian Herman y vecinos que han levantado las protestas, dando cuenta que además "se han talado bosques, la basura se introduce en pozos negros y el daño ambiental a la fecha ya es de proporciones, teniéndose en cuenta que, por razones obvias, ninguna de las casas ya construidas cuenta con los permisos municipales". 

"Se infiere entonces que unos emprendedores inescrupulosos están estafando a familias de muy escasos recursos que están edificando sus modestas viviendas sin ningún tipo de urbanización, todo a la vista de las autoridades locales y regionales y sin que el Ministerio Público, a través de su Fiscal en La Ligua, lleve ante los tribunales a los vendedores de esos loteos brujos, con lo cual una vez más se constata la comisión de graves hechos delictuales que quedan en la impunidad más absoluta", concluye el medioambientalista.

 Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161028/pags/20161028214957.html