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El 18 de enero fue el incendio en el vertedero Santa Marta, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Este lunes, otro incendio. Esta vez en el relleno sanitario de la empresa KDM en la comuna de Til Til de la misma Región.
También hace algunos días, la publicación de un balance de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que arrojó que durante 2015 fueron 14 las comunas, a nivel nacional, en las que se incumplieron los parámetros de calidad del agua potable. ¿Las implicancias? Se superaran los niveles de sulfato, hierro, arsénico y otros elementos contaminantes.
En la Región del Bío-Bío, por su parte, la operación de centrales termoeléctricas genera dañinas consecuencias para la comunidad, particularmente por la contaminación por metales pesados, donde destaca el alto nivel de arsénico.
Contaminación de ríos y napas subterráneas, vertederos que incumplen las normas y otros tantos que funcionan ilegalmente, relaves mineros y contaminación del aire. ¿Quién asume el costo de las externalidades negativas, donde el desarrollo económico pareciera ser más importante que el medioambiente y la salud de las personas?
“Parte importante del financiamiento para investigación tiene que destinarse a problemas utilitarios para el país”, exige el doctor Andrei Tchernitchin, experto toxicólogo de la Universidad de Chile y jefe del departamento Medioambiental del Colegio Médico.
Esto, en el contexto de los altos niveles de arsénico detectados en las aguas de distintas zonas del país, lo que desde el Ministerio de Salud atribuyen a la sequía. “Los gobernantes y las empresas consideran que es muy caro bajar la cantidad de arsénico, por lo que tratan de no hacerlo”, denuncia el especialista.
Y agrega: “Efectivamente la crisis hídrica existe, pero por el exceso en el uso por parte de las mineras, lo que se suma a la poca fiscalización y a no ubicar lugares donde se puedan depositar los desechos mineros sin que existan riesgos para la población”.
“La contaminación es un tema de los gobiernos locales, pero también de los gobiernos centrales”, complementa el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, presidente de la Comisión de Medioambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Y es que dado el contexto en el que se desempeña cotidianamente, no duda en promover el impulso de políticas públicas que apunten al desarrollo de energías renovables no convencionales. “Apostar por la sustentabilidad y hacernos cargo de las huellas de carbono y de la propia contaminación que generamos. Pero también la industria, la agroquímica y la minería”.
En ese ámbito, destaca la existencia de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015. “Permitirá arrojar una nueva normativa para que el Estado no llegue y desarrolle un proyecto y después le avise a la población de que existe, sino que en una etapa previa poder socializarlo con la población y debatir sobre cuáles son los proyectos que generarían menores externalidades negativas, además de apostar a las tecnologías”.
En suma, un escenario en el que las necesidades locales den paso a un desarrollo equitativo de los distintos territorios.
¿Gobernar para las transnacionales?
Sin embargo, para muchos la actual legislación es insuficiente, cuando se trata de asegurar la protección del medioambiente y la salud de las personas.
Paralelamente, no son pocos los que argumentan lo complejo que resultaría limitar el emprendimiento y desincentivar las actividades productivas.
“Los Tribunales Ambientales tienen plena competencia sobre todo el país y han demostrado las capacidades y la independencia para resolver”, aclara el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta.
No obstante, reconoce la obligación de avanzar en un tema que está pendiente: los castigos penales ambientales, es decir, incluir la privación de libertad. “Será una manera de disuadir para que este tipo de acciones no sigan ocurriendo”.
“Hay que introducir en el Código Penal un título que se refiera a la contaminación y a los daños ambientales”, explica el parlamentario, añadiendo que “las multas, las compensaciones o el arreglo del daño causado no siempre resultan suficientes”.
Pero todo esto con una advertencia. “También por la vía del juicio civil se pueden pagar con creces los daños ambientales ocasionados, aparte de las multas y las sanciones administrativas, que pueden ser el cierre de una empresa o de una faena determinada”.
En cuanto a la injerencia de las empresas transnacionales en el desarrollo económico nacional, la visión del doctor Tchernitchin es categórica. “No podemos invertir tanto en una ciencia que le sirve a las transnacionales y no a Chile”.
En ese sentido, aclara que en el país, en general, los permisos se consiguen a través de estudios de impacto ambiental que realizan empresas independientes, pero que son contratadas por las mineras. “Si una empresa hace los estudios bien hechos, preocupándose que no filtre para la población, la minera no lo va a contratar. Por lo tanto, siempre cuando existe una relación contractual, en la que la empresa que mide además recibe beneficios económicos, hay alguna sospecha de que algo puede no estar bien. Eso está mal en la legislación”.
Su propuesta apunta a que debería existir un listado de empresas que realicen estudios ambientales. “Por ejemplo, por sorteo, evitando así que las mineras busquen a la empresa que más les favorezca”.
Cuando se habla de las multinacionales, sin importar del ámbito que se trate, sin duda que se trata de un problema de fondo. “No se gobierna para ellas. Derechamente son ellas las que gobiernan”, cuestiona el senador Horvath.
Y es que para el legislador por la Región de Aysén “hoy el país tiene una combinación peligrosa de centralismo, en desmedro de las regiones, y de concentración económica, en la que existe una fuerte influencia en las distintas políticas que se sacan adelante, lo que es un modelo equivocado, en el sentido de que esta concentración económica influye en las decisiones políticas, sean del Gobierno o del Parlamento”.
Esto, asegura, termina afectando no solamente a las regiones, convirtiéndolas en zonas de sacrificio, como son los casos de Tocopilla, Huasco, Quintero, Ventana, Puchuncaví, Coronel y otras zonas del país. “También a los ciudadanos, que se sienten atropellados en sus derechos y en sus ingresos”.
En línea con esos planteamientos, el alcalde Rodrigo Sánchez advierte sobre la gravedad de estas situaciones. “Tenemos relaves en las cajas de los ríos, no sabemos qué calidad de agua está consumiendo la población. Algunos lugares, como la provincia de Petorca, tienen altos índices de cáncer, lo que seguramente se debe a la actividad industrial, como la agroindustria, con las fumigaciones y agroquímicos que se utilizan para fertilizar los campos”.
A lo anterior agrega los casos de pozos de sistemas de agua potable rural con nitritos, “lo que habla justamente del uso de abonos en el campo, lo que puede generar patologías en parte importante de la población”.
Por ello, exige la implementación de nuevas prácticas industriales. “Debemos adecuar las tecnologías al servicio de la población y dar un nuevo enfoque a nuestras políticas de gestión integral hídrica, sabiendo que tenemos un Código de Aguas que hay que derogar, que existe desde la dictadura, donde se privatizan los derechos de agua”.
¿Cómo lograr avances en estas propuestas? “Falta que la propia ciudadanía participe más en la toma de decisiones de sus distintas comunas y que sean actores relevantes”, manifiesta la máxima autoridad de La Ligua.
Externalidades negativas y rol de la ciudadanía
Un escenario donde las presiones son constantes, las que se reflejan en una estrategia de las grandes empresas por aumentar los beneficios y disminuir los costos. “Lo que hacen es tratar de traspasar los costos a la sociedad, externalizándolos. Eso no es un negocio limpio ni ético. Tienen que internalizar dentro de sus costos todas las acciones que significan sus líneas de producción y servicios, así como el cuidado del medio ambiente”, exige Antonio Horvath.
Esto, por considerar que aquello en ningún caso representa un crecimiento para el país. “Lo escuchamos todos los años en la cuenta que hace el Banco Central ante el Congreso Nacional, que nos dicen sobre lo que crecemos, pero nada dicen cómo han sido degradadas las aguas, los suelos, los recursos hidrobiológicos, el bosque nativo que se quema. Eso también es parte de una evaluación económica”.
Mientras que Andrei Tchernitchin se detiene en que lo esencial son las condiciones de salud de las personas y no el desarrollo económico de las que califica como “megaempreas”.
“En otras ocasiones he detectado maniobras para mostrar que las cosas no funcionan, entregar información de que todo está bien, lo que no es tan así. Cuando hay grandes beneficios económicos la tentación es muy grande para faltar a la verdad, con tal de que puedan seguir llegando los ingresos”.
El mismo experto en toxicología agrega que se trata de un problema que no solo ocurre en Chile. “También en otros países. Por lo tanto, es importante que existan organismos que sean absolutamente independientes y que estén preocupados más de la salud de las personas”.
De paso, acusa los insistentes intentos de las empresas por hacer desaparecer la contaminación cuando saben que se tomarán muestras.
“No se trata de volver a buscar un nicho de mercado para algunos especuladores, sino más bien buscar posibilidades de desarrollo de los pueblos, que puede ser completamente transversal”, añade Rodrigo Sánchez.
Sus argumentos apuntan a la producción de cantidades suficientes para el desarrollo del país. “El agua no es un bien de mercado, sino que un derecho humano que hay que ver cómo el Estado se hace responsable”.
Por ello se pregunta “dónde estamos nosotros, dónde está la gente, dónde están los alcaldes comprometidos, dónde está el Parlamento que no legisla tan bien. Tenemos que presionar como ciudadanía y como autoridades locales. Queremos que quede en el ámbito público y no que se usen fondos del Estado para enriquecer a las transnacionales”.
En algunos casos, como plantea el doctor Tchernitchin, “victorias que uno tiene y que ocurren no porque uno diga que eso es malo. Ocurren porque hay presión de la gente y porque el costo político de no hacerlo es mayor que el costo político de gastarse la plata y no cumplir otras cosas”.
“Por lo pronto, podríamos ir tomando iniciativas locales para también presionar como lo hacen los grandes grupos económicos –propone el alcalde Sánchez– que a veces ni siquiera son nacionales, pues son transnacionales que se apoderan del país y de todos los servicios, las carreteras, los puertos, los yacimientos mineros y también del agua. La ciudadanía tiene que ejercer presión para que se respeten sus propios derechos”.
Su mensaje final es elocuente. “A pesar de que no nos favorece para nada, tenemos que aprender a bailar en este modelo económico. Es posible focalizar los esfuerzos con la mirada social pensando en las transformaciones que se requieren a futuro”.