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La académica que patrocina un recurso de protección contra la presidenta Bachelet por no garantizar la gratuidad de la Educación Superior, siendo que Chile tiene firmados y ratificados acuerdos internacionales al respecto señala que el Poder Judicial tiene la obligación de hacerse parte del debate.
La abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que quienes comparten sus labores tiene la obligación de develar a la ciudadanía la serie de alternativas jurídicas que hoy permiten, sólo con la respectiva voluntad política, acceder a lograr un sistema de educación superior público, gratuito y universal.
Al mismo tiempo, señala que es el sistema político el que en estos últimos 25 años se ha dedicado a mantener impenetrable un sistema que solo beneficia a los grupos de poder establecidos.