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“La política de suelos nos preocupa a la bancada de senadores socialistas”, señalaba con firmeza el senador Juan Pablo Letelier en el inicio de las sesiones para votar el proyecto de Reforma Tributaria.
Con ello levantó este tema como la mayor discrepancia que tenía ese bloque parlamentario con el acuerdo político que logró el Ministerio de Hacienda con la oposición y el oficialismo, el cual si bien quitaba una serie de privilegios al negocio inmobiliario, no los dejaba enteramente contentos porque presumían que Chile continuaría siendo un “paraíso para los especuladores”.
A partir de la Reforma Tributaria, la venta habitual de bienes raíces, salvo los terrenos, quedan afectos a IVA. Esta norma se aplica en principio a quienes se dediquen al negocio de vender inmuebles y la presunción de habitualidad está dada por el hecho de que la venta se realice antes del año de haber adquirido o terminado de construir un inmueble. El punto de quiebre de los socialistas es que se excluyó a los terrenos de este gravamen.
Al ver la sesión de ese dieciocho de agosto se debería asumir que hoy los socialistas tendrían que estar –al menos– crispados por la operación que protagonizaron el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, y su mujer, Natalia Compagnon, a través de la empresa Caval, quienes compraron tres predios contiguos en la comuna de Machalí en $6.500 millones. La transacción la financiaron a través de un préstamo otorgado por el Banco de Chile que se concretó a fines de 2013, luego de una reunión con el vicepresidente de la entidad, Andrónico Luksic. El jueves en la mañana, El Mercurio publicó que los mismos tres lotes fueron vendidos a Silca Servicios Ltda. en $9.500 millones, según ya consta en el Conservador de Bienes Raíces. Es decir, en poco más de un año consiguieron hacer una utilidad de $ 3.000 millones sin que hubiera un aporte de valor mayor. Esta transacción en todo caso se halla gravada con el impuesto a la renta.
Tanto Dávalos como Compagnon son militantes socialistas. El precandidato a la presidencia del PS, Gonzalo Martner, pidió que ambos sean pasados al Tribunal Supremo. En tanto que el senador Juan Pablo Letelier, refiriéndose al tema en entrevista este sábado en El Mercurio, dijo: “La que va a pagar los precios de las viviendas va a ser gente de trabajo, de esfuerzo, de clase media. No me gusta, me indigna, me da rabia, me molesta, que no quepa la menor duda. Me parece no solamente imprudente que esté metido Dávalos o su señora. Me molestan más las consecuencias que hay en esta evaluación de suelos”.
En el mismo medio hizo alusión a una preocupación que ya estuvo presente durante toda la discusión tributaria. “Seguro que esta no es la primera inmobiliaria ni la última que va a hacer este tipo de operaciones, y creo que eso es posible porque no hay una política de suelo. Yo creo que no hay un instrumento tributario adecuado para gravar lo que es la plusvalía, la propiedad”.
Se chuteó para adelante
La fórmula que se halló en la iniciativa de Reforma Tributaria no dejó contentos a los parlamentarios, tanto así que el senador Carlos Montes, que además es integrante de la Comisión de Hacienda, se abstuvo cuando se llegó a la votación de las enmiendas de mayoría.
En nombre de la bancada, Letelier en agosto señaló: “Los procesos de loteo y su destino es un área de debate. En nuestro país no se paga IVA sobre las transacciones de tierras. ¿Por qué no paga una transacción que tiene un propósito de desencadenar un proceso de ventas habituales?”. A lo que añadió que el dilema está en que muchas veces el comprador es el Estado, para proyectos habitacionales, dando a entender que aumentaría el costo de esa adquisición que va a viviendas sociales.
Agregó que como bloque valoraban la incorporación de la ganancia de capital. “Sin embargo, hubiésemos preferido un plazo retroactivo en las valuaciones mayor. Creemos que nuestro país es un paraíso para los inversionistas y especuladores de tierra”, apuntó.
Por su parte, el senador Carlos Montes fundamentó su abstención porque “se mantiene la no afectación de IVA en la venta de terrenos. Si un dueño de fundo subdivide en 170 lotes con calles y luz callejera, ¿es habitual o no? El proyecto decía que sí lo era y, por lo tanto, pagaba IVA al venderlo. Esto se retiró y yo insisto que es necesario reponerlo porque está lleno de loteos de este tipo en todas las ciudades del país y tienen demasiados privilegios tributarios”.
Y siguió con su argumentación: “Los terrenos agrícolas dentro del radio urbano, por ejemplo, la Viña Macul que está en Américo Vespucio, ellos no pagan contribuciones porque la declararon terreno agrícola y lo que ocurre es que la urbanizan y la venden por pedacitos. ¿Pagan impuestos por esos procesos de urbanización parcial o no?”.
Pese a que el senador DC Andrés Zaldívar encontró valido el razonamiento de Montes, explicó al resto de la Sala que la Comisión de Hacienda después de una reflexión vio que si bien es lógico que se gravara con impuesto al IVA el negocio que se lleva adelante por el loteo de terrenos agrícolas que pasan a ser urbanos o se subdividen, (una medida de este tipo) puede provocar una dificultad cuando el negocio no está en hacer el loteo.
Reconoció que en la Comisión de Hacienda se quedó de buscar una fórmula porque no encontraron una adecuada en dicha oportunidad. “Una persona que subdivide su terreno en distintos lotes para hacer de eso un negocio…, hay que buscar una fórmula tributaria que lo haga pagar por ese negocio”.
Tras el anuncio del Gobierno de que iba a establecer un marco “eficaz y estricto” para regular la relación público-privada, también hay conversaciones respecto a reabrir el tema de la política de suelos.