Defendamos la ciudad

Sin embargo, las causas del problema no están en el sistema económico que se aplica, sino en cómo lo implementan las autoridades de turno, y en la institucionalidad que se adopta para asegurar su esencia: respeto a las libertades y oportunidades para todos. Esto se ha hecho mal en Chile, se ha desfigurado el sistema y es, precisamente, lo que explica la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas.  

Marcos regulatorios ineficaces y/o incumplidos, sin correcciones, multas ni sanciones a quienes los transgreden han desbordado el orden público económico. La concentración de los mercados, nocivas prácticas de competencia desleal, reiterados abusos de poder de posición dominante, tráfico de influencias, conflicto de intereses, son todas conductas que dañan el libre y sano comportamiento de los mercados afectando, con mayor agresividad, a las empresas de menor tamaño y a los consumidores.  

Tráfico de influencias

Lamentablemente, en las últimas décadas el ejercicio de la política –en distintas instancias- se ha mezclado con intereses económicos, vulnerando barreras de la ética y probidad funcionaria, perdiéndose lo que antaño se denominaba servicio público y sentido de lo colectivo. 

La primera razón que explica este escenario es la aplicación de políticas públicas que, por décadas, han ido en beneficio de unos pocos y en desmedro de las mayorías. Ejemplos hay demasiados en el ámbito económico-empresarial y se reflejan, justamente, en regulaciones hechas a medidas, fiscalizaciones laxas y un enorme freno a cualquier intento de corregir vacíos legales a través de iniciativas más eficaces y eficientes. Proyectos para regular el lobby y el tráfico de influencias llevan décadas de tramitación en el Parlamento, siendo que son un paso clave para transparentar las presiones que realizan distintos grupos de interés a los funcionarios de gobierno y parlamentarios en el trabajo legislativo.   

Puerta giratoria

¿Cómo se ha mantenido este status quo en distintos Gobiernos? Con complicidad y venta de influencias desde el poder político a las esferas económico-empresariales, que si bien es denunciada –en el discurso- no tiene consecuencias para nadie, porque hay una puerta giratoria para asegurar el blindaje entre ambos sectores. 

Desde el regreso a la democracia, funcionarios que dejan la Administración Pública pasan a ejercer cargos directivos o gerenciales en empresas que han estado en su ámbito regulatorio. Es así como fiscalizadores de diversos sectores han pasado a ser parte de grupos económicos, contratados por empresas que han estado bajo su tutela, para ejercer lobby o sencillamente como pago de favores. ¿Qué independencia puede tener un funcionario, cuyo horizonte próximo es lograr un empleo –en un alto nivel y muy bien remunerado- de las sociedades a las cuales debe aplicar los controles? 

Simplemente ¡Ninguna! Y, eso se advierte en esta suerte de impunidad que evidencian escandalosos episodios conocidos por la ciudadanía, y otros soterrados que no se han destapado públicamente, en que se han violado normas y leyes de mercado y, no obstante, las empresas y actores involucrados siguen operando con total normalidad. En algunos casos, dada la protesta pública, se han iniciado acciones legales y el resultado es que las sanciones han llegado a niveles medios, sin afectar a directivos superiores, quienes han tomado decisiones para beneficio propio que afectaron el mercado y el patrimonio de accionistas minoritarios y de miles de chilenos a través de los fondos de las AFP.

En este contexto, denuncias de operaciones financieras con empresas relacionadas que traspasan límites legales han sido desoídas –por largo tiempo- por las autoridades de turno. Entes reguladores, como la SVS o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no sólo han incumplido sus deberes fiscalizadores sino que algunos de sus funcionarios han salido a defender a los involucrados. ¡No corresponde! Esta conducta es una nítida muestra de la falta de autonomía de instituciones públicas en razón del maridaje de sus funcionarios con intereses económicos. 

Desafío de la transparencia 

Hoy existe más conciencia de que se necesita transparencia real, no sólo en el discurso ni en organismos anulados por la práctica opaca de sus funcionarios. 

Es de esperar que los candidatos acojan estas reflexiones porque el país no puede seguir como está. Requiere cambios profundos, pero encaminados en esta dirección. No para erradicar lo bueno del sistema en tanto abre caminos al desarrollo, sino para corregir estos profundos vacíos de la legislación comparada con naciones que han tenido éxito al optar por igual modelo, pero con regulaciones, resguardos y controles apropiados, que alejan la corrupción de sus fronteras. 

Acercarnos a sociedades más equitativas e igualitarias pasa, en primer lugar, por lograr instituciones probas y reformar leyes que aseguren igualdad para todos, reduciendo la excesiva concentración de los mercados, porque es muy peligroso para la estabilidad de un país cuando el control económico está en manos de unos pocos que actúan y se sienten con más poder que el propio Estado.