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La Fundación Defendamos la Ciudad denunció este viernes que a través de un permiso de edificación “viciado” una constructora pretende demoler un edificio declarado de Conservación Histórica en el centro de Santiago para, en su lugar, levantar una torre habitacional de 33 pisos y seis niveles subterráneos.
Se trata del permiso de edificación Nº 13.972 del 25 de enero de 2008 otorgado a las empresas Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A. para construir la nueva estructura en los números del 626 al 676 de la calle Morandé, en pleno centro de la capital.
El presidente de la Fundación, Patricio Herman, dio a conocer los antecedentes precisamente frente a la antigua estructura que pretende der demolida, en compañía del arquitecto Javier Arrisueño, quien es ex director de Obras Municipales de Alhué, y de José Cabrera, ingeniero civil con especialidad en cálculo estructural.
En la oportunidad, los especialistas concluyeron, luego de analizar, el documento, que de acuerdo al artículo 1.4.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), este acto administrativo ya caducó, teniéndose presente que el inmueble que se intenta demoler fue clasificado como de Conservación Histórica el 28 de mayo de 2008 en el Plan Regulador Comunal de Santiago.
Herman manifestó que “a parte de la caducidad informada, observamos que el permiso de edificación en cuestión tiene vicios en su origen, ya que el director de Obras no exigió la inscripción de la fusión de los predios en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) antes de su otorgamiento y no requirió al titular la Resolución de Calificación Ambiental antes del inicio de faenas”.
“Ergo, legalmente es imposible demoler este inmueble construido en el año 1924, signado con el número 636 en el listado de Inmuebles de Conservación Histórica en el instrumento normativo de esta municipalidad. Ante esta realidad, instamos a la alcaldesa Tohá en orden a que inicie un sumario al interior de la Dirección de Obras porque sus funcionarios no han actuado con el rigor profesional necesario”, enfatizó.
Javier Arrisueño señaló al respecto que “queda en evidencia que para posibilitar la altura y coeficiente de constructibilidad de la torre ejecutándose, era necesaria la fusión predial para cumplir con las disposiciones generales y así realizar el proyecto, llamando la atención que en el acto administrativo mal otorgado no se indica la presunta segunda torre que eliminaría el inmueble de Conservación Histórica”.
Finalmente, Cabrera dijo que le llamaba la atención “que el proyecto contemple 760 viviendas sin consultar locales comerciales en el primer piso, conforme al carácter de ese sector, lo cual es indicativo de un error insalvable en la emisión del permiso y por si fuera poco, se clasificó equivocadamente con la sigla B-3 la calidad de la construcción, con lo cual las inmobiliarias pagaron por los derechos municipales una suma menor a la legal, perjudicándose así a la propia tesorería municipal”.