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Ahora, los parlamentarios deben estudiar cada artículo y negociar un informe que puede recomendar la aprobación del texto con determinados cambios, previas indicaciones, o rechazarlo. Luego la Sala de la Cámara y del Senado deberán estudiar dicho informe y votar la recomendación.
La iniciativa ha estado marcada por las críticas de ciertos sectores políticos y de la sociedad civil que reclaman que la nueva forma de administración que se propone propicia la privatización, da excesivas atribuciones al Ejecutivo y aísla los establecimientos de la red a la que deberían pertenecer.
Por otra parte, esto podría prestarse para malas prácticas laborales, por lo que la presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Gabriela Farías, manifestó su preocupación ante la opción de que el Gobierno quiera “amarrar” esta nueva forma de gestión.
“Vemos con temor que toda esta intención del Gobierno de apurar este proceso tenga que ver con dejar algunos amarres a los gobiernos que vengan para que sigan funcionando con este sistema nuevo. Eso lo vemos en que esta forma de gestión nueva pretenden instalarla en todos los hospitales que se están construyendo y que se van a construir por la vía de la concesión, en distintas partes del país”, explicó.
Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, explicó que los establecimientos de La Florida y Maipú, que son los que se aplicarían a la iniciativa, pueden funcionar pese a que no exista una legislación nueva. Por esto, acusó que “el Gobierno está haciendo una especie de chantaje, porque están diciendo que estos hospitales no pueden funcionar si es que esta ley no está aprobada y eso es una completa falsedad”.
“Hoy existen los mecanismos legales para echar a andar hospitales como La Florida y Maipú, que son los que estarían en cuestión. Lo que, como fundación, le pedimos a los parlamentarios, es que rechacen esta ley”, agregó.
Gabriela Farías y Goyenechea coincidieron en recomendar a los parlamentarios rechazar esta iniciativa, pero pese a esto, el diputado PPD Enrique Accorsi, miembro de la comisión de Salud de la Cámara Baja, consideró que las principales deficiencias de la iniciativa son perfectibles: “Es un proyecto que tiene que cambiarse completamente y tiene que asumirse que las contrataciones del personal y las atribuciones de los directores están enmarcados en la legalidad administrativa que existe hoy, por lo que no es necesario crear otro cuerpo legal. Creo que hay buenas perspectivas para que se puedan cambiar algunos de los temas que más nos interesan y creo que eso es lo que va a suceder”, dijo.
Según el mensaje enviado por el Ejecutivo, el proyecto de Hospitales Clínicos pretende crear establecimientos que funcionen de forma descentralizada, cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio, aun cuando estarían sujetos al ministerio de Salud y formarían parte de los Servicios de Salud Metropolitano Central y Sur Oriente.
Además, el Gobierno buscará potenciar la autonomía hospitalaria por medio del cumplimiento de objetivos ligados a los requerimientos de los pacientes.