Página oficial de Facebook
Ello implica que dichas personas, si bien podrían calificar como exonerados, no contaban con los requisitos necesarios para recibir ese beneficio de por vida, razón por la que se determinó el inicio de un sumario en el Instituto de Previsión Social.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, enviará el informe de Contraloría que denuncia pagos a tres mil casos de falsos exonerados políticos al Consejo de Defensa del Estado, pese a que los delitos podrían estar prescritos. Además, pedirá que se suspendan los pagos para los casos que presentaron irregularidades.
Ubilla enfatizó en la necesidad de avanzar “en la búsqueda de responsabilidades judiciales penales a aquellas personas que participaron en el otorgamiento de estos beneficios”.
“Lo que dijeron todos aquellos parlamentarios que, en la Comisión Investigadora de hace dos años, atrás descalificaron al Ministerio del Interior, acusándolo de montaje, de hacer política o politiquería, queda absolutamente desvirtuado por lo dicho por la Contraloría”, recordó Ubilla.
Con estos antecedentes a la vista, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, anunció este miércoles que solicitará la realización -el próximo martes- de una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar este tema, que calificó como “gravísimo”. Además, junto a sus pares de RN, los parlamentarios gremialistas pedirán que se reabra la comisión investigadora que a fines de 2011 indagó en estas irregularidades.
Al respecto, dijo que “este es un tema que se abordó en una comisión investigadora donde la Alianza tuvo minoría y por eso, lamentablemente, se rechazó un informe lapidario que no sólo contenía una serie de antecedentes que ratifican la posición de la Contraloría, sino que además establecía que de los 72 mil exonerados que existen en nuestro país cerca de 20 mil habrían sido falsos exonerados”.
“Esta es una situación gravísima, que compromete fondos públicos que se utilizaron para prácticamente hacer favores políticos en período electoral”, acusó Hasbún. Sobre el punto, explicó que “la gran mayoría de estos certificados, que fueron patrocinados por parlamentarios o candidatos al Parlamento, aumentaban drásticamente en periodos eleccionarios, en los años 2001, 2005 y 2009”.
“Esto demuestra claramente que en un periodo de elecciones parlamentarias, para fortalecer las elecciones en este caso de diputados, obviamente, se le entregó la categoría de 'exonerados' a personas que no tenían o no cumplían con los requisitos y que, paralelamente, estas personas trabajaban o pertenecían a un partido político determinado”, apuntó.
En este contexto, Hasbún emplazó a la candidata PS-PPD-PC, Michelle Bachelet, a “ordenar a sus parlamentarios” para que aprueben la conformación de una comisión investigadora y, al mismo tiempo, que “ella diga claramente si avala o no este tipo de acciones, si participó o fue cómplice de estos parlamentarios que, utilizando su cargo, dieron la calidad de exonerados a personas que no lo fueron”.
El titular de la bancada gremialista anunció, además, que junto con la querella criminal que presentaron en noviembre de de 2011, “queremos que todos las antecedentes sean puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado, porque aquí hay fondos públicos comprometidos”. También pidió al gobierno el envío de una ley que permita cesar estos pagos indebidos.
El diputado PPD se mostró preocupado por los denominados falsos exonerados detectados por la Contraloría General de la República. El parlamentario manifestó que “es posible que existan casos definitivamente falsos”, pero se declaró sorprendido que estos sean más de tres mil. En este sentido, Tucapel Jiménez sostuvo que “es necesario que se conozca toda la verdad y que los falsos exonerados asuman su responsabilidad y, si es posible, se les quite el beneficio”.
Sin embargo, el parlamentario señaló que “no es posible que desde la Alianza pretendan hacer uso político de esto”.
Por esta razón, el diputado Jiménez insistió: “puede haber casos falsos, también pueden existir casos que no están bien documentados, pero no creo que haya existido mala intención por parte de las autoridades políticas que firmaron documentos de este tipo, ya que cabe recordar que este tipo de certificados, también fueron firmados por senadores y diputados del oficialismo” apuntó.