Defendamos la ciudad

La diputada Alejandra Sepúlveda (independiente) presidió la Comisión Investigadora de la Cámara y trabajó en ella durante más de siete meses. El informe final se lo entregaron al ministro de Educación: "le pusimos todos los antecedentes al ministro Beyer, él nos trató pésimo. Majaderamente nos dijo que no había lucro en la educación superior chilena. Después ocurre lo de la Comisión Nacional de Acreditación, lo de los ejecutivos presos, lo que está pasando en la Fiscalía, en el Consejo de Defensa del Estado", afirmó la diputada. 

La parlamentaria perseveró, porque el problema está latente y los estudiantes lo demostraron en su primera marcha de protesta contra el lucro y educación gratuita, asi es que la diputada acertó con no abandonar el trabajo realizado, sino que profundizó en él y tomó el toro por las astas; les propuso a sus colegas concretar una acusación constitucional en contra el secretario de Estado. Contra todo pronóstico, con comentarios negativos de la alianza y la oposición, logró su objetivo: acusar al ministro y ya obtuvo el primer triunfo en la Cámara, donde el libelo fue aprobado. En su opinión, "estoy convencida que es necesario que Beyer se vaya". 

Lo acusa tanto de infringir las leyes como de no ejecutarlas. De negar que tuvo denuncias concretas sobre lucro en las universidades pese a que habría presentaciones de abogados y del ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso. Con ello, el ministro incumplió la ley al negarse a fiscalizar. Por eso, defiende la seriedad de la acusación constitucional, la que fue analizada durante, al menos, tres meses antes de presentarla. 

Además, puso el ejemplo que son de conocimiento público casos como el de la Universidad del Mar, donde "la actuación del Mineduc fue nula", lo que ha afectado a 17 mil estudiantes y sus respectivas familias. 

La abogada de la Universidad de Chile Carola Canelo coincide con Sepúlveda y señala que "decir que el ministro Beyer ha sido el único que ha hecho algo por el lucro, no es verdad", ya que éste se ha negado a cumplir la Constitución y la ley, pues "no ha tenido un rol fiscalizador y ha antepuesto los intereses particulares por sobre los comunes, dando espacio al lucro". 

Agregó además que el suspendido secretario de Estado "ha sido poco honesto al momento de enfrentar esta situación pero que, "sin embargo, el panorama no es muy distinto hacia atrás. Canelo agrega que "los ministros anteriores de Educación, en especial los de los últimos gobiernos, no ejercieron su rol fiscalizador". 

El ex ministro de Educación Jorge Arrate en diálogo con Cambio21 dijo que él también habría votado a favor de la acusación, "porque las informaciones que he recogido es que el ministro fue requerido formalmente, por distintas personas, por escrito, para investigar denuncias completas sobre lucro de algunas universidades y simplemente no realizó todo lo que era de esperar para fiscalizar. Yo creo que es muy difícil pedirle a este gobierno que haga eso, porque están todos a favor del lucro. El ministro acaba de nombrar al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, un profesor de la Universidad Católica, y muy honestamente en una entrevista dijo: yo estoy a favor del lucro, pero la ley establece que no hay lucro y yo voy a cumplir la ley. Todos quieren el lucro, entonces el estado de ánimo para aplicar la ley es muy laxo". 

"Bien que Bachelet se comprometa" 

En torno al planteamiento de Michelle Bachelet de enviar un proyecto de ley para terminar con el lucro, Arrate manifestó su total aprobación. "Yo creo que ella ya envió en su gobierno un proyecto en este sentido, que la derecha naturalmente no aceptó y me parece bien que lo reitere ahora. Ojalá que efectivamente lo haga. Yo en esta materia estoy por ir viendo en el camino y aplicando la máxima ver para creer, pero me parece muy bien que lo haya anunciado y que se haya comprometido con eso. Espero que no terminemos como la vez pasada, en que el proyecto finalizó en La Moneda con un acto en que se abrazaban todos y levantaban los brazos en alto, cantando la canción nacional por un Acuerdo Nacional por la Educación que fue presentado en ese momento como la salvación final para el sistema educacional chileno". 

A juicio de Arrate, el ministro de Educación en el próximo gobierno tendrá "una tarea gigantesca, porque se trata de cambiar un modelo y para eso tienes que, primero, tener la voluntad de hacerlo y yo no sé, veremos si un nuevo gobierno de la Concertación tiene esa voluntad. Segundo, esa voluntad tienen que aplicarla y para ello se necesita conformar una fuerza política consistente, que esté concordada. Estoy convencido de que no va a haber ningún cambio en Chile si no se combina la fuerza de las instituciones políticas con voluntad de cambio y la fuerza del movimiento social. No sé si eso la misma coalición, más algunos agregados, tenga la fuerza para hacerlo". 

Frente a la próxima votación, ahora en la Cámara Alta, comentó que "todo el tiempo de las inhabilidades en el Senado siempre me ha parecido bastante gris, opaco, porque los senadores de derecha votan en cuanto proyecto hay en que tienen intereses económicos en juego y esas inhabilidades nunca se hacen valer. Cada uno de ellos tendrá que reconocer si puede votar o no. Lo que se está votando aquí no es, en todo caso, si se está a favor del lucro o no, sino si el ministro Beyer ejecutó las acciones que debía para controlar y fiscalizar el lucro y, por lo tanto, las inhibiciones tiene que referirse a esa materia, no a otras". 

"No estoy de acuerdo" 

El investigador Ernesto Treviño, director ejecutivo del Centro de Política Comparada de Educación de la Universidad Diego Portales, dice no está de acuerdo en que "haya prosperado la acusación, porque creo que finalmente esto es un juego de pirotecnia electoral y estoy seguro que se va a ir el ministro Beyer y no van a cambiar en un ápice los elementos sustantivos que están detrás de las demandas del movimiento estudiantil y de la mayoría de la población respecto al lucro en la educación, de la fiscalización de las universidades privadas, y me da la impresión de que se perdió la oportunidad de negociar la mejora de los proyectos, por ejemplo, de superintendencia, que está en el Parlamento. No se va a arreglar nada y lo que nos queda es un año en que va a ser muy complicado que cualquier proyecto que envíe el Ejecutivo para mejorar la fiscalización prospere en el Congreso". 

El académico basa su pesimismo en que "cualquier persona que eventualmente, por ejemplo, venga a sustituir al ministro Beyer, va a tener muy poco margen de maniobra en un año lleno de movilizaciones sociales. Creo que no va a ser fácil la negociación en el Congreso y está situación influye muchísimo en la relación con la oposición". 

Respecto del anuncio de Bachelet de enviar un proyecto al Congreso para terminar con el lucro, el investigador afirmó que "me parece bien, aunque en estos casos siempre el diablo se mete en los detalles. Prohibir el lucro, pero ¿dónde? Para eso habría que hacerlo desde la educación inicial hasta la superior, porque en este minuto las únicas que tendrían en el espíritu de la ley prohibir lucrar son las universidades, pero el resto del sistema educativo que recibe fondos del Estado puede hacerlo". 

Maniobras para evitar la destitución

En La Moneda, incluido Piñera, existe preocupación por el difícil escenario que enfrentará en el Senado, la próxima semana, el ministro de Educación, Harald Beyer, luego que fuera aprobada la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados. Ello, a pesar de que, desde el principio, han tenido claro que en la Cámara Alta el secretario de Estado tiene toda las de perder, porque la oposición tiene mayoría parlamentaria.

Por eso, el gobierno formó un comité de crisis para defender a Beyer. Éste lo integran el RN Alberto Espina y Juan Coloma y Hernán Larraín de la UDI, quienes buscarán a personeros de la oposición como el presidente del Senado, Jorge Pizarro, y el presidente de la DC, Ignacio Walker, para negociar una salida a este problema y parar la acusación constitucional.

Según se ha sabido, el oficialismo buscaría una salida legislativa, es decir, ofreciendo aprobar los cambios que quiere la oposición al proyecto que crea la Superintendencia de Educación que será la encargada de fiscalizar que no haya lucro en la educación.

Por ahora se descartaría insistir en pedir la inhabilidad de algunos senadores de la oposición y Concertación, como se había comentado. En todo caso ya hay quienes han anunciado que no se inhabilitarán como la senadora, Soledad Alvear (DC).

En este sentido, la senadora Ximena Rincón dijo que la acusación constitucional "es un instrumento político jurídico que debe usarse seriamente y no corresponden ni las transacciones ni las negociaciones. Abrir espacio para ello es desvirtuar las instituciones y que la ciudadanía no crea en nosotros. Por lo tanto, respetemos nuestro ordenamiento constitucional".

Precisó que "cualquier conversación que el gobierno quiera tener en la forma, la tendrá con la jefatura de bancada".

La parlamentaria señaló que "la bancada de senadores DC va a garantizar un estudio acabado en lo jurídico y lo político de la acusación constitucional". 

Pesimista

El diputado René Alinco, cuyo voto fue decisivo en la votación en la Cámara Baja, está un poco pesimista en cuanto a la votación del Senado. Según dijo a Cambio21 , "en este asunto del negocio de la Educación están todos los sectores involucrados, desde la UDI hasta el PC e incluso las religiones. ¿O usted cree que las religiones que tienen institutos superiores o universidades privadas tienen a sus alumnos becados? No, ellos pagan y bastante. Y nadie está en contra de que se obtengan utilidades, sino que se lucre y se enriquezcan los integrantes de estos centros de estudios en forma ilícita. A mí todo me hace dudar acerca de cuál va a ser la decisión del Senado".

Según el parlamentario, en la votación contra Beyer que se realizó en la Cámara de Diputados "varios de sus integrantes debieron haberse inhabilitado, así como también debieron hacerlo cuando en diciembre se aprobó la ley maldita o Longueira o la Ley de Pesca. Lamentablemente hoy el reglamento o las razones de inhabilitación, por muy legítimas y lógicas que sean, no son obligatorias, son voluntarias. Por eso son mis dudas, porque puede aparecer un discurso político. Es más, si analizamos bien la votación de la Cámara, hubo varios diputados de la Concertación que no estuvieron, entonces de qué estamos hablando".