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Corría la década del 90 y el Chile democrático buscaba su acomodo entre la Constitución heredada de la dictadura. Ese cuerpo legal establecía que el organismo encargado de supervisar a las nuevas universidades privada era el Consejo Superior de Educación. Luego de iniciadas las clases, las instituciones podían solicitar la autonomía al Consejo, el que otorgaba un proceso de licenciamiento, que podía extenderse hasta por 10 años.

Bajo ese mecanismo, 17  universidades fueron cerradas desde 1990 a la fecha. Dos de ellas por lucro.

A pesar que desde el Ministerio de Educación se alega “no tener facultades” para investigar, en 1996 la Universidad Real fue cerrada, entre otras cosas, por no aclarar el traspaso de dineros a una sociedad relacionada. Según consta en el Acta 004/96 del Consejo Superior de Educación, se le pidió a la institución “presentar antecedentes y documentos que justifiquen las razones, procedencia y legalidad de los traspasos de recursos financieros efectuados por la Universidad Real a la sociedad de inversiones Caren S.A.”. El tema nunca fue aclarado y el  11 de enero de 1996 el Consejo le solicitó al Ministerio de Educación el cierre de la Universidad.

Quien fuera secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación hasta 1998, María José Lamaitre, señala que se debe recordar “que en esa época las cosas eran bastante menos sofisticadas que ahora, había cosas que ahora parecerían casi un chiste, en una de las universidades todos los recursos se manejaban desde una misma cuenta corriente, que era la cuenta personal del rector, y entonces ahí ingresaban y salían los recursos de la universidad y también los gastos de los dueños. No estaban separadas esas platas”.

A pesar que Lamaitre reconoce que se han sofisticado los mecanismos del lucro, asume que las facultades para fiscalizar, si existen “yo creo que lo que se ha hecho ha sido perfeccionar mecanismos para traspasar mecanismos a las empresas relacionadas, porque ese es uno de los mecanismos principales para lucrar. Yo no soy abogado, pero cuando la ley dice que el Ministerio de Educación puede cerrar una universidad, uno supone que puede investigar si corresponde cerrarla o no, no hay que esperar a que alguien denuncie”.

El caso más bullado de lucro durante la década de los 90 fue el de la Universidad de Temuco. “Había un problema serio con la construcción de un edificio, que la universidad había pagado, que había avalado, y el edificio no le pertenecía ni era parte de su patrimonio”, recuerda la ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación.

En efecto, el acta 029/99 del organismo entrega luces sobre este tema. En un comienzo, la Inmobiliaria Marizé habría resultado beneficiada por las mejoras que la Universidad financió en los edificios, a pesar que pertenecían a la sociedad relacionada. El Consejo pidió explicaciones “por cuanto esta situación en la actualidad se convierte en otra transferencia de recursos líquidos desde la universidad a la inmobiliaria, sin un beneficio efectivo”.

Luego, otro grupo compró los inmuebles donde funcionaba la universidad, pero nuevamente fueron cuestionados por el mismo tema “preocupa a este organismo las condiciones excesivamente gravosas para la institución que se consignan en los distintos instrumentos de compra, arriendo y promesa de venta de los inmuebles entre la Universidad y HellerNet Sud”

Las aclaraciones de la Universidad de Temuco nunca fueron suficientes, y el 25 de marzo de 1999 el Consejo fue drástico “una serie de situaciones actualmente en proceso que no están plenamente  justificadas y que involucran desviación de recursos de la universidad a terceros, situación que ha sido reiteradamente observada por parte de este organismo”, reclama el acta ante la falta de respuestas por parte de la institución. La Universidad fue cerrada ese mismo 1999.

¿Hay o no hay atribuciones?

La discusión viene planteándose desde el estallido estudiantil del 2011. El actual ministro de Educación, Harald Beyer, ha sido reiterativo en señalar que “los instrumentos con que contamos para fiscalizar son muy débiles” y se ha escudado en el proyecto de ley que envió al Congreso que crea la Superintendencia de Educación Superior, la que supuestamente aumentaría las facultades de la autoridad para fiscalizar que las universidades no lucren.

Ayer en el Congreso Pilar Armanet,  ex jefa de la División de Educación Superior durante los gobiernos de la Concertación, defendió la tesis del ministro al señalar que ha actuado dentro del marco de sus atribuciones y que, por tanto, la acusación constitucional en su contra no tiene méritos.

Aunque para otros actores, el ministro simplemente “no ha querido” fiscalizar el tema. Así lo plantea la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien presidió la Comisión Investigadora del Congreso que revisó el lucro en la educación superior. “El último informe de Contraloría dice que el ministro tiene todas las atribuciones para fiscalizar a las universidades. Aquí hay una musculatura que no se quiere utilizar, el ministerio no quiere fiscalizar”, asegura Sepúlveda.

La Contraloría envió este martes un dossier a la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra de Beyer, donde adjuntó los dictámenes que ha publicado en relación a las atribuciones del Ministerio de Educación sobre las instituciones privadas, y en uno de ellos clarifica las obligaciones de la secretaria de Estado  ”el Ministerio de Educación  está obligado a fiscalizar, en el ámbito de las competencias que les atribuye la legislación vigente, a las instituciones sometidas a su control, sin que la existencia de un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior sea suficiente para que el ministerio aludido se abstenga de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido”.

Uno de los actores de la Concertación que ha salido a defender al ministro Beyer es el ex titular de educación, Sergio Bitar, quien en conversación con El Dínamo, aseguró que se debe legislar para tener instrumentos eficaces de fiscalización del lucro. Bitar fue quien impulsó la Ley de Acreditación, aprobada el 2006, y que vino a reformar el sistema, instaurando la Comisión Nacional de Acreditación, aunque él mismo reconoce que no fue suficiente “esa ley no controla el lucro, sino que se refiere a las condiciones de funcionamiento de las universidades para proveer los servicios de docencia e investigación, pero el lucro requiere de un reglamento o norma que no se ha podido aprobar todavía”.

Según Bitar, existe una diferencia entre lo que ocurría en la década de los 90 con lo que pasa en la actualidad “lo que me consta es que en la década del 90, y hasta la aparición de Ley de Acreditación, el control sobre las universidades privadas era prácticamente cero. El único que controlaba era el Consejo Superior de Educación, mientras otorgaba el licenciamiento, eso significo algún tipo de disciplinamiento, pero como vimos con la Universidad del Mar, después de la autonomía podía ocurrir cualquier cosa”. Para el militante PPD el problema se arrastra desde la dictadura, y tiene que ver con la falta de facultades del Estado para regular el sistema.

“Efectivamente este es un negocio que mueve mucha plata y hubo un minuto en que se empezó a relacionar el poder político con el económico. Y, además, se instaló la idea de que era mejor tener universidades malas, que no tenerlas… el problema de la cobertura”, apunta la diputada Sepúlveda.

Para los diputados opositores el asunto es claro, el Ministerio si tiene atribuciones para fiscalizar, pero no ha existido la voluntad. En el oficialismo lo rebaten y se cuadran tras Harald Beyer. Mañana jueves será una jornada clave, cuando la Cámara Baja vote la acusación constitucional, que a esta altura esta transformada en el más grande gallito de la oposición con este gobierno.

MINEDUC “LA UNIVERSIDAD DEL MAR ES LA ÚNICA AUTÓNOMA QUE SE HA CERRADO”

El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, resalta que este gobierno es el primero que cierra una universidad autónoma. “Cabe destacar que en el caso de la Universidad del Mar, es la primera vez que el Ministerio de Educación cierra una universidad autónoma, quitándole el reconocimiento oficial”, subraya. Sobre las universidades cerradas en los años 90, Ugarte es claro “en los dos  casos se pone en evidencia que estas instituciones no estaban cumpliendo con los objetivos contenidos en sus estatutos, única razón que fundamenta el cierre de ambas universidades”.