Defendamos la ciudad

La madrugada del 27 de febrero de 2010, luego de que el suelo se sacudiera con una fuerza abrumadora en la Región del Bío Bío, una enorme masa de agua avanzó por la bahía de Talcahuano como si fuera un tren sin frenos. Justo donde tocó tierra, la Constructora Salfa S.A. –empresa que forma parte del grupo Salfacorp– llevaba poco más de medio año construyendo dos ambiciosos proyectos que mejorarían las condiciones viales de esa ciudad. Uno de ellos era la interconexión entre el sector Tumbes con el centro de Talcahuano. El otro, la habilitación del primer tramo de un nuevo corredor para el transporte público. Entre los dos, sumaban una inversión pública que superaba los $13.900 millones. Al igual que gran parte de la zona, las dos obras quedaron cubiertas esa mañana bajo un manto de agua, tierra, rocas, escombros y embarcaciones que horas antes flotaban en el mar y que después de las olas, terminaron apiladas unas sobre otras encima de la calzada.

De eso, se acaban de cumplir tres años. A pesar de que un lanchón terminó estrellado sobre un muro de tierra armada que la empresa levantaba en la calle Gálvez y de la destrucción de los recolectores de aguas lluvias que ya se habían construido, al poco tiempo las obras se reanudaron con nuevos plazos y un presupuesto algo más abultado.

Para cubrir los daños y sacar adelante los proyectos, el Serviu Regional del Bío Bío decidió suscribir dos nuevos convenios con Constructora Salfa para ejecutar aumentos de obras y obras extraordinarias. A través de esos documentos, el servicio no sólo extendía el cronograma de las obras, sino que además comprometía a la empresa el pago de casi $573 millones extra.

-Nuestro deber como Serviu es terminar la obra completa como corresponde. Si un terremoto causó daños que no son responsabilidad del contratista, tenemos que cubrir los montos para poder darle término a la obra –dice Ricardo Troncoso, contralor interno del Serviu VIII Región.

Las bases de las licitaciones que dieron origen a los contratos de esas obras, indican que la constructora no sería responsable de los daños producidos en “caso fortuito o de fuerza mayor”. En ese sentido, el pago adicional por parte del Serviu resulta procedente ante los perjuicios ocasionados por el terremoto y el tsunami en los dos proyectos que estaban en curso en plena zona de catástrofe. El problema es que, para conseguir ese pago, Constructora Salfa omitió información clave que le permitió no sólo no evitar gastos en reparaciones de los daños, sino que además, obtener ganancias.

CIPER conversó con funcionarios del Serviu que aseguran que la orden que recibieron cuando se les encargó evaluar los daños en las obras tras el terremoto, era clara: si el contratista contaba con seguros involucrados, no correspondía pagar. Lo mismo dicen empleados de la constructora consultados para este reportaje. Por eso resulta extraño que, a pesar de que días después del sismo la empresa informó a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que todas sus obras “cuentan con los seguros de todo riesgo de construcción (…) y seguros de activos con especial cobertura de incendio y terremoto”, cuando el Serviu le consultó si contaba con esos seguros la respuesta fue negativa.

Según consta en los informes técnicos de los daños de cada uno de los proyectos (ver informe Nº2 e informe Nº3), eso ocurrió las dos veces que la directora de las obras le preguntó a la empresa por seguros que cubrieran los daños del terremoto. Lo mismo pasó una tercera vez en julio de 2010, cuando a través de un correo electrónico la Constructora Salfa indicó que el único seguro que tenía era el que le exigían los contratos y que sólo cubría daños a terceros.

La información entregada por la empresa fue determinante para que el Serviu cursara los pagos por aumento de obras y obras extraordinarias a fines de 2010. Lo que en esa repartición no sabían era que ambas obras estaban cubiertas por pólizas para todo riesgo por Chilena Consolidada. Tampoco que entre mayo y junio de 2010, esa compañía aseguradora indemnizó a Salfa por los daños causados el 27/F con más de $852 millones.

Por los mismos daños, Constructora Salfa obtuvo una doble indemnización por más de $1.425 millones. Ya sea el Serviu o la aseguradora, alguien pagó de más. Así fue que la empresa constructora más grande del país, que según sus memorias corporativas obtuvo en 2010 y 2011 utilidades por $22.122 millones y $15.933 millones, respectivamente, sacó provecho económico de los daños que sufrieron las dos obras públicas que construía en Talcahuano, luego de pasar por alto lo establecido en el artículo 517 del Código de Comercio: un “seguro es un contrato de mera indemnización, y jamás puede ser la ocasión de una ganancia”.

EL ORIGEN DE LAS OBRAS

El primero de los proyectos que comenzó a ejecutarse fue el denominado “Mejoramiento interconexión sector Tumbes-Centro de Talcahuano” (ver video). El 20 de mayo de 2009, la Constructora Salfa se adjudicó la construcción de las obras luego de presentar la oferta económica más barata entre las 11 empresas que participaron en la licitación: poco más de $5.022 millones. Tres semanas después, el Serviu Regional del Bío Bío suscribió con la constructora el contrato que regiría las relaciones entre ambas instituciones durante los 480 días que duraría la obra. Ese documento, entre otras cosas, señalaba que la empresa debía hacer entrega de una boleta de garantía por el 3% del monto total del contrato (unos $150,7 millones) y además, presentar ante el Serviu una póliza de seguros en UF, también por el 3% del monto del contrato, para responder por daños que pudiera causar a terceros por las obras.

Un día antes de la firma de aquel contrato, el 8 de junio de 2009, la misma constructora ganó otro concurso público organizado por el Serviu para mejorar la calidad vial de Talcahuano. Esta vez, para construir en un plazo de 650 días el primer tramo de un corredor para el transporte público, una vía que se extendería entre la Plaza El Ancla y la calle Hualpén (ver video). Entre las 12 ofertas que llegaron, la de Constructora Salfa nuevamente fue la más económica: $8.898 millones. Aunque las obras eran distintas, el contrato que se firmó el día 30 de ese mes estipulaba las mismas condiciones respecto a la boleta de garantía y la póliza de seguros contra daños a terceros.

Con un presupuesto total de más de $13.900 millones, la empresa del grupo Salfacorp comenzó la ejecución de las obras según los cronogramas acordados con el Serviu.

Para el viernes 26 de febrero de 2010, la ruta que uniría el sector Tumbes con el centro de la ciudad ya mostraba un 22% de avance. Frente a la Gobernación Marítima del Puerto de Talcahuano, la empresa había comenzado la construcción de un muro de tierra armada que proyectaría la calle Gálvez hacia los cerros. También había avanzado en cortes y movimientos de tierra, en la pavimentación de parte de la ruta y en la instalación de soleras al borde de la avenida Los Almirantes. Como el pago por parte del Serviu, según los contratos, sería por estados de avance, ese servicio ya había cancelado el 19,9% del monto total del proyecto, equivalente a unos $999.482.667.

En el caso del corredor para el transporte público, Constructora Salfa ya mostraba un avance en las obras del 9,8%, por lo cual había cobrado casi $842 millones (9,46% del presupuesto del proyecto). Para entonces, ya había desviado el tránsito con señalización provisoria y había puesto en marcha las faenas de ejecución de calzadas, la construcción de colectores de aguas lluvia y la colocación de soleras.

Esa noche, a las 3:34 de la madrugada, la tierra comenzó a moverse. En cosa de segundos vino el remezón de 8,8 grados Richter junto a un sonido que parecía un bramido. Un par de horas después, en medio de las intermitentes réplicas, el mar se salió de la costa para entrar a la ciudad y destruir todo a su paso. Al mismo tiempo que parte de las obras viales que llevaba a cabo la Constructora Salfa quedaban sumergidas y paralizadas, 18 personas perdían la vida en Talcahuano.

PÓLIZAS DE MÁS

El caos que se desencadenó el 27/F hizo imposible que las obras continuaran. Durante los días que siguieron, las fuerzas de todo Talcahuano se centraron en remover los escombros y buscar a los cientos de desaparecidos que figuraban en las primeras nóminas que manejaba el gobierno. La reanudación de las tareas de construcción encomendadas por el Serviu a Salfa no era prioridad.

En todo caso, desde el punto de vista económico, para la empresa tampoco había apuro. El 18 de agosto de 2009, siete meses antes del terremoto, Chilena Consolidada emitió a favor de Constructora Salfa una póliza para todo riesgo de construcción (registrada en la SVS bajo el código POL192140) para proteger el proyecto vial que uniría Tumbes con Talcahuano. Ese seguro, que tenía validez hasta el 30 de abril de 2010, cubría dos ítems: valor de obra y “adicional terremoto”. El monto asegurado para cada uno de esos puntos era de 239.168 UF, que a la fecha que se emitió la póliza equivalía a $5.011.169.912.

La construcción del corredor del transporte público también estaba cubierta. A fines de 2009, la constructora contrató con la misma compañía aseguradora otra póliza para todo riesgo, vigente hasta el 30 de septiembre de 2010. A diferencia del seguro anterior, éste cubre tres ítems: valor de obra (425.490 UF), “RC Construcción + Extensiones” (30.000 UF) y “adicional terremoto” (425.490 UF).

Lo extraño es que Salfa no tenía la necesidad de contratar esos seguros. Si bien el Reglamento para Contratos de Ejecución de Obras del Ministerio de Vivienda no dice nada sobre quién se hará cargo de costear los daños por fuerza mayor que no sean responsabilidad del contratista, y en los contratos que la empresa firmó con el Serviu el único seguro que se exige es para cubrir daños a terceros, las reglas estaban claras desde incluso antes que se licitaran ambos proyectos.

Las bases administrativas que emitió el Serviu a comienzos de 2009 para abrir las dos licitaciones, y que fueron tomadas de razón por la Contraloría Regional del Bío Bío (ver resolución Nº 19 y resolución Nº 31), no sólo contienen el detalle de las obras contempladas en los proyectos, los requisitos para postular a su adjudicación y las condiciones de los contratos. También señalan que el contratista será el responsable del cuidado de las obras y de los daños que pudieran producirse, “salvo caso fortuito o de fuerza mayor”.

Como el terremoto y el tsunami del 27/F caben dentro de esa última categoría, el mandante de las obras tenía la obligación de correr con los gastos de reparación de los perjuicios producidos. Por lo tanto, una vez cubiertos los daños por el Serviu, la aseguradora nunca debió pagarle a Constructora Salfa. O en caso inverso: si Chilena Consolidada liquidaba las pólizas contratadas, el Serviu debió haber considerado los daños como ya pagados y no haber contratado aumento de obras y obras extraordinarias. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro: Salfa cobró ambas indemnizaciones, las que suman más de $1.425 millones.

EL SEGURO NEGADO TRES VECES

Después del terremoto, las obras estuvieron detenidas durante todo marzo de 2010. Recién entonces, de acuerdo a la minuta que el Serviu Regional del Bío Bío hizo llegar a CIPER, ese servicio encargó los informes técnicos para evaluar los daños en las dos obras encomendadas a Constructora Salfa. El primero de esos informes, sobre la condición de las obras entre Tumbes y Talcahuano, fue realizado en abril de ese año y lleva la firma de Verónica Silva, la funcionaria que el Serviu nombró como directora de las obras desde que se adjudicaron los proyectos.

El documento indica que el muro de tierra armada proyectada que la empresa construía en la calle Gálvez fue impactada por un lanchón que lo destruyó parcialmente. También menciona derrumbes del talud del cerro en distintos puntos de la ruta construida y el deterioro de las soleras puestas en avenida Los Almirantes. Como todos los daños señalados en el informe “son ajenos a la responsabilidad del contratista”, Silva recomienda aumentar el plazo para la entrega de la obra en 21 días y la contratación de aumento de obras y de obras extraordinarias por $115.443.276.

Varios funcionarios del Serviu consultados por CIPER, aseguran que antes de realizar ese tipo de informes, la orden verbal que salió desde la División Jurídica del servicio en la VIII Región fue que consultaran con las empresas contratistas sobre la existencia de seguros para todo riesgo de construcción. Que en caso de haberlos, el Serviu no pagaría, ya que los daños se encontrarían cubiertos por seguros particulares.

Ante esa solicitud, funcionarios de Salfa que conversaron con CIPER bajo el compromiso de reserva de su identidad, aseguran que hubo una reunión donde el gerente general de la empresa y vicepresidente ejecutivo de la unidad de Ingeniería y Construcción de Salfacorp, Fernando Zuñiga –quien además posee el 0,8% de las acciones de Salfacorp a través de la sociedad Futuro S.A.–, ordenó negar la existencia de las pólizas contratadas en 2009 con Chilena Consolidada.

Aunque en el primer informe no dice nada sobre la ausencia de seguros, empleados del Serviu y de Salfa coinciden en que sí se le preguntó en esa oportunidad a la constructora y que la respuesta fue negativa: que no existían seguros comprometidos para cubrir los daños del terremoto.

En mayo de ese mismo año, Silva consultó nuevamente a Constructora Salfa si había contratado alguna póliza para todo riesgo; esta vez, para elaborar el informe de los daños ocasionados en el corredor para el transporte público. La respuesta fue nuevamente negativa. A diferencia del documento anterior, este sí especifica la supuesta inexistencia del seguro contratado: “De acuerdo a lo indicado por el contratista, no existen seguros por daños de obras por efecto de terremoto y tsunami”, dice el informe. Esa información resultó clave para que la funcionaria recomendara aplazar la entrega del proyecto terminado en 115 días y contratar un aumento de obras y obras extraordinarias calculadas en $422.187.588.

Antes de que el Serviu aprobara los dos convenios que le entregaban a Constructora Salfa casi $573 millones extra para que repararan los daños provocados por el terremoto, el 12 de julio de 2010 la empresa negó a través de un correo electrónico por tercera vez la existencia de los seguros, a pesar de que ya habían sido cobrados.

LAS CARTAS DE 2012

El 10 de mayo de 2010, el mismo mes que Silva consultó a Constructora Salfa por segunda vez si contaba con seguros para todo riesgo para cubrir los daños en las obras, la empresa recibió la liquidación de la póliza Nº 2343064, correspondiente al proyecto de mejoramiento de la ruta entre el sector Tumbes y el centro de Talcahuano. El documento señala que las pérdidas registradas alcanzan un valor de 9.285,69 UF. Como la póliza contratada “contempla un deducible de 2% del monto asegurado progresivo de las obras, que corresponde a 1.174,79 UF (esto es, 2% del monto asegurado 239.168 UF con un avance de obra de 24,56%)”, la pérdida a indemnizar cierra en 8.110,90 UF, equivalente $170.666.151 a esa fecha.

Casi un mes después, la constructora recibió la liquidación del seguro que cubría los siniestros en el otro proyecto que ejecutaba en Talcahuano. Aunque las condiciones eran las mismas, el documento se diferencia del anterior básicamente en los montos calculados de las pérdidas. Esta vez, el valor final a indemnizar se alzó hasta las 32.289,62 UF, que a esa fecha equivalían a poco más de $682 millones.

Como la constructora no informó al Serviu sobre esos pagos –que suman casi $853 millones–, tras los informes técnicos de los daños y la supuesta inexistencia de seguros, a fines de 2010, mandante y contratista firmaron dos convenios para sellar la contratación de aumentos de obra y obras extraordinarias (ver convenios ad-referendum 4 y ad-referendum 2). El pago de $573 millones extra por parte del Serviu, se fueron realizando mediante estados de pago de acuerdo al avance de las obras entre octubre de 2010 y noviembre de 2011.

Ya con los dineros transferidos, Constructora Salfa continuó las obras hasta terminarlas sin que en el Serviu se supiera que además habían cobrado a Chilena Consolidada una millonaria indemnización por los daños del terremoto. Pero durante el primer semestre de 2012, la información llegó a oídos de funcionarios de esa repartición pública.

Para aclarar la situación, el 7 de mayo de 2012, el jefe del Departamento Técnico del Serviu Regional del Bío Bío, César Faúndez, envió dos cartas a la constructora exigiéndole, “para ejecutar la liquidación contable” de las obras, una declaración jurada ante notario donde indicara que no contaban con seguros para todo riesgo. Los oficios iban destinados al gerente general de Salfa Infraestructura, Emilio Valdatta, el mismo ejecutivo que dirigía la Constructora Kodama cuando en 2011 se hizo público el pago irregular de $17.000 millones a esa empresa por parte del Serviu. Aunque ese pago fue congelado, el casó terminó con la renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y con una investigación judicial que sigue en etapa de investigación.

Como luego de recibir esas dos primeras cartas, Constructora Salfa no respondió, cinco meses después el Serviu reiteró la solicitud por medio de otros dos oficios, esta vez, con la firma de Marcelo López como director subrogante del servicio. Nuevamente no hubo respuesta.

Según fuentes del Serviu consultadas por CIPER, ante la insistencia del servicio, ejecutivos de Constructora Salfa se reunieron con el director del Serviu VIII Región, Sergio Jara. Aunque no pudimos obtener detalles de lo conversado en esa oportunidad, desde entonces que el Serviu desistió de la solicitud. Según explica Ricardo Troncoso, contralor interno del servicio, la decisión se tomó luego de analizar los contratos y llegar a la conclusión de que “no correspondía hacer exigencias adicionales porque no lo contemplaban ni las bases de licitación pública ni el contrato de construcción ni el DS 236”.

Troncoso señala que, de acuerdo a las bases de los contratos, ellos estaban obligados a pagar los daños del terremoto para sacar las obras adelante. Y que por eso, a pesar de que recién el pasado 7 de febrero recibieron copia de las pólizas contratadas por la empresa, no insistieron para obtener la declaración jurada. En todo caso, eso no significa que el doble cobro por parte de Constructora Salfa esté exento de irregularidades.

-Aquí el seguro es el que se ve afectado, ellos pagaron mal. Si el seguro hubiera actuado de manera diligente, hubiera solicitado las bases del contrato y se hubiera percatado de que el Serviu estaba obligado a cancelar los siniestros que no son responsabilidad del contratista. Con ese antecedente, el seguro jamás hubiera pagado porque no había perjuicio para la empresa, no sufrió daños. Ellos (Chilena Consolidada), probablemente, van a perseguir a la constructora para que les retribuya lo que cobraron indebidamente. Si esto se alegara en un tribunal, nosotros no tendríamos nada que ganar, porque estamos obligados a cubrir esos costos. Pero la empresa aseguradora sí podría tener la posibilidad de ganar y recuperar algo. Porque en estos casos, nadie puede lucrar o aprovecharse del daño –asegura Troncoso.