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A las puertas de un año marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, sostuvo que el país debe avanzar para lograr mayor transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
El presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional indicó que, pese a la vigencia de la ley de financiamiento de campañas, “todos saben que se gasta mucho más del límite legal, que hay una serie de triquiñuelas”.
Asimismo, Delaveau afirmó que el tema será aun más relevante en 2013, considerando el alto grado de abstención observado en las últimas municipales, y que los partidos reciben recursos de acuerdo a la votación que obtienen.
Actualmente, la ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral regula los recursos involucrados en todas las campañas, limitando el gasto de los candidatos, estableciendo la figura del administrador electoral, normando el aporte fiscal y privado y señalando cómo se deben rendir los gastos, entre otros puntos.
Entre los especialistas hay coincidencia en que efectivamente los candidatos a distintos cargos gastan más de lo que declaran y está permitido por ley. Para eso, existen distintas formas: establecer comandos y desarrollar campañas antes de que empiece el período oficial, recibir donaciones o aportes que no son cuantificados y declarados como dinero o subvalorar algunos servicios recibidos, por ejemplo.
Para Manuel Aris, jefe del área de Incidencias de la Fundación Ciudadano Inteligente, “hay que transparentar mucho más el tema del financiamiento que proviene del sector privado y ojalá suprimir el financiamiento de empresas, porque es de ahí que surge la principal cooptación de la voluntad de la autoridad cuando después es elegida. En segundo lugar, aumentar el financiamiento público con mayores montos, porque eso permite que los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones”.
Asimismo, Aris consideró que “para nuestra democracia sería muy bueno que cambiara el formato de cómo se hace política. Hoy las campañas se hacen a través del marketing, como lo hace cualquier empresa, y en política necesitamos herramientas que obliguen a los candidatos a presentar más ideas que imágenes. Que haya difusión de contenidos antes que imágenes que no nos dicen nada”.
Una de esas reformas, la que amplía el financiamiento público para las campañas, reflota en cada período electoral y debate sobre el gasto en campañas.
Francisca Quiroga, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, recalcó que “una democracia sólida debería tener mecanismos donde el Estado financie y transparente estos recursos públicos para un proceso eleccionario, eso también va a permitir que no se concentre tanto el tema de los recursos”.
“Sabemos que hoy en día hay candidaturas que tienen los recursos disponibles, que un incumbente, como un parlamentario en ejercicio, tiene la capacidad económica para hacer campaña permanentemente, entonces la generación de nuevos liderazgos es muy compleja en un escenario tan concentrado en los recursos y con alta desigualdad también, porque no todos tienen las mismas oportunidades”, agregó.
Sin embargo, entre los expertos también hubo coincidencias en que se debe mejorar otro aspecto: la fiscalización para hacer cumplir la actual ley.
La analista Marcela Ríos sostuvo que “más allá de mirar los vacíos de la ley y cómo mejorar la normativa, hay un tema de control que es tanto o más importante, que tiene que ver con que no existe ninguna fiscalización, porque el Servel no hace ninguna fiscalización”.
“Nadie controla que lo que se declara es verdad, que lo que se gasta es verdad, nadie multa, no hay ningún tipo de fiscalización para asegurarse de que los recursos públicos se gastan en lo que se dice y en lo que se tienen que gastar. Ese es un tema que tiene que ver, más que con mejorar o cambiar la ley, con las facultades, el personal y la voluntad política que tiene el Servel”, aseguró.
La especialista dijo que “hoy es como la ley de la selva: el que tiene más, gasta más. Nadie controla y no estamos siendo capaces de regular esta relación entre dinero y política, que puede tener efectos muy negativos en un sistema democrático”.