Página oficial de FacebookLA NATURALEZA PASA LA CUENTA Por Mario Dujisin Funchal, Madeira (Portugal) 22 feb - El escenario dantesco que dejó el peor temporal registrado en el archipiélago portugués de Madeira, en buena medida se debió a graves errores urbanísticos que ahora se pagan con creces, afirman especialistas. En los últimos 100 años, no hay registros de una tempestad de esta magnitud en ninguna zona de Portugal: el sábado, en solo cinco horas, llovió 114 litros por metro cuadrado en Funchal, capital del archipiélago --que tiene un promedio anual de 750 litros-- y el récord de 185 litros por metro cuadrado en la localidad de Pico do Areeiro, donde llueven normalmente unos 1.500 litros por año. Ambientalistas coinciden en denunciar proyectos inmobiliarios que robaron espacios a los canales de desagüe que este fin de semana se desbordaron con una fuerza inusual en un furioso torrente gris, arrastrando lama, rocas y árboles a su paso por las calles de Funchal, destruyendo casas, puentes, calles y carreteras. Hasta la mañana de este lunes había 42 muertos, 70 heridos graves y un número de desaparecidos incierto, con estimaciones no oficiales de entre 40 y 200, temiéndose que más victimas mortales puedan ser encontradas en los estacionamientos inundados de grandes centros comerciales. Los servicios están parcialmente cortados, especialmente la luz, el agua y las comunicaciones, mientras las escuelas y la administración pública cerraron sus puertas, y Lisboa decretó tres días de duelo nacional. El exceso de agua, combinado con la geografía de Madeira, rica en declives acentuados desde el interior hasta el litoral, permitieron que el fuerte temporal que se concentró en pocas horas formara ríos de lama que barrieron todo lo que encontraban en su camino, con rocas y bloques de cemento saltando como pelotas de tenis. Madeira no cuenta con un radar meteorológico, que habría permitido evaluar la potencia de la precipitación de las nubes que se aproximaban, lamentó Ricardo Trigo, climatólogo del Centro de Geofísica de la Universidad de Lisboa. A pesar de reconocer la magnitud de la tormenta, los ambientalistas no vacilan en acusar a las opciones urbanísticas del archipiélago de 250.000 habitantes, ubicado frente a la costa atlántica de Marruecos, y cuya principal fuente de ingresos es un nutrido turismo, activo los 12 meses del año. La fuerte pluviosidad "contribuyó con lo que ocurrió, pero no es la única causa, ya que se ha ido agravando la situación debido a los errores de ordenamiento del territorio que se han cometido en la isla", señaló Hélder Spínola, miembro de la dirección de Quercus, la mayor la organización ambientalista del país. El Partido Ecologista Verde (PEV) criticó en un comunicado divulgado el domingo "los errores de ordenamiento territorial y urbanístico que se han permitido en favor de intereses privados, y que después tienen efectos devastadores" en situaciones climáticas como ésta. Debido a la fuerte presión inmobiliaria del sector turístico, la construcción de calles y de vías de acceso a edificios estranguló el curso de las aguas por los canales de Funchal, que siguen un rumbo paralelo a las principales arterias de la ciudad, impidiendo el desagüe natural hasta el mar. Del campo crítico también hace parte Ricardo Ribeiro, presidente de la Asociación Portuguesa de Técnicos de Seguridad y Protección Civil. Ribeiro mencionó la construcción abusiva en faldas de cerros sujetos a inundaciones, la impermeabilización de los suelos y el encadenamiento mal dimensionado de los cursos y líneas de agua. Esas acusaciones fueron rechazadas por Alberto João Jardim, presidente del gobierno de la Región de Madeira, al recordar diversas intervenciones practicadas en la zona para aminorar el riesgo de inundaciones. También el alcalde de Funchal, Miguel de Albuquerque, salió al paso de las críticas. "Es ridículo que se esté hablando de esas situaciones", dijo. Quizás hubo "una u otra opción urbanística errada", pero no se puede responsabilizarlas del desastre ocurrido. El ambientalista Spínola mencionó tres ejemplos: los canales de São João, de Santa Luzia y de João Gomes, los tres principales desagües de Madeira, que al sufrir estrangulamientos impidiéndoles recorrer su curso normal hasta el mar, se desbordaron y destruyeron casas, calles y puentes. "Existió un componente natural, pero también hay uno humano y de prevención, que fueron los que fallaron", sentenció el ambientalista. Funchal creció mucho en los últimos 20 años, "en especial con la ocupación creciente de las zonas más bajas, hacia donde corre el agua", agregó. La ex diputada del PEV, Isabel de Castro, activa defensora del ambiente, dijo que es necesario analizar el problema en el cuadro global de lo que ha ocurrido en todo el país en los últimos dos decenios. A pesar de que "Portugal cuenta con una de las leyes más avanzadas del mundo y la Constitución consagra el ambiente como un derecho fundamental, existe un abismo entre el país legal y el país real", dijo. Hay un "abandono de las políticas públicas de defensa y promoción de un ambiente ecológicamente equilibrado, con una creciente falta de responsabilidad del Estado", añadió. De Castro deploró "el desmantelamiento de las estructuras fiscalizadoras o su precariedad, la ausencia de voluntad política y de visión prospectiva, así como la impunidad instalada, que favorece los atentados y la degradación ambiental". "Con la complicidad por omisión de sucesivos gobiernos, nuestro patrimonio está muriendo, está siendo destruido, en nombre del lucro inmediato y fácil", aseveró De Castro. Este país vive "un empobrecimiento de los suelos, más de la mitad del territorio está amenazado de desertificación, un tercio sufre de erosión grave, se acentúa el desequilibrio demográfico, con un cuarto de los 10,6 millones de portugueses expulsados de los campos hacia las ciudades", describió la ecologista. Cerca de 20 por ciento de la población se ha trasladado desde el interior hacia el litoral, donde se concentra 90 por ciento de la actividad económica. Esto conduce a un "desordenamiento del territorio" y al "caos urbanístico", con la consecuente "cementación" bajo el pretexto del "interés público", incluso en zonas de riesgo, indicó De Castro. Fue el caso de Madeira, que acabó en tragedia para muchas personas y para la propia isla. (FIN/2010)