Defendamos la ciudad

—¿Cuáles serían los criterios para establecer una caducidad de derechos? —El proyecto que propuso el gobierno de Patricio Aylwin, estableció la posibilidad de caducar derechos si no se usaban para el uso específico para el que fueron otorgados. Queremos abrir de nuevo esa discusión. —¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que se caduque un derecho? —No está definido todavía el proyecto en su detalle. Haremos consultas y cuando haya acuerdo a todo nivel, le daremos paso. —¿Estas reformas serían enviadas al Congreso por este Gobierno? —Es algo que tiene que decidirse, pero sí tenemos claro que hay que poner los temas en discusión ahora. —¿Están considerando expropiar derechos? —No creo que ese sea el camino. Es posible que en algunas circunstancias, para proveer de agua a alguna comunidad de pequeños agricultores, tengamos que comprar derechos, eso puede ocurrir. Pero la lógica es más bien la de perfeccionar el mercado del agua, con normas como las que de países desarrollados, en que la comunidad tiene participación cuando se deciden traslados de derecho, porque pueden afectarla. La clave es que tenemos que garantizar el agua potable, y para eso, el Estado dispone de instrumentos que son los decretos de escasez, que dicta el ministro de Obras Públicas, a través de los cuales, se puede distribuir el agua según sean las necesidades. Es urgente regular el manejo de las cuencas y ver cuál es la mejor forma de ahorrar agua, de embalsar, de hacer nuevas inversiones y la distribución del agua entre los distintos usos. La Reforma a los Derechos de Aguas El Ejecutivo evalúa una enmienda constitucional y un conjunto de proyectos, que considerarían la caducidad de los derechos y la posibilidad de compra por parte del Estado. Aunque fue considerada un paso importante, la ley 20.017 que modificó el Código de Aguas, vigente desde 2005, con el pago de una patente por el no uso de las aguas, no pasó la prueba del Gobierno, para enfrentar los crecientes desafíos en torno al recurso hídrico. Por ello un grupo de ministros, encabezados por el titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, ha estado trabajando en propuestas normativas que están siendo afinadas. Y, si bien no existe aún claridad respecto de si se enviará la iniciativa al Parlamento en la Administración Bachelet, pronto estará en la discusión pública. “Tenemos preparados como MOP a lo menos tres proyectos de ley, que vamos a poner en consideración de los demás ministerios, para luego entregarlos a la Presidencia y enviarlos al Congreso o que sean parte del debate nacional”, señala Bitar. Propuesta -Una reforma constitucional es el eje de la propuesta del MOP. Bitar mencionó que la enmienda a la Carta Política debería establecer: el agua como bien nacional de uso público; la posibilidad de caducar derechos, si no se cumplen determinadas condiciones; la posibilidad de entregar derechos provisionales, para que la ley los regule; contemplar la creación de corporaciones de derecho público en las cuencas, para luego dar paso a un proyecto de ley de cuencas; y facultar al Estado hacer reservas de aguas en manos del Estado, “para enfrentar emergencias como las que vamos a vivir con más intensidad en Copiapó”. -Junto a las iniciativas legales citadas que se derivan de la reforma, un proyecto para potenciar las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas. “Estamos constatando sustracciones ilegales importantes, hemos puesto un fiscalizador en cada región y en Copiapó cuatro. Sin embargo, a veces los privados no dejan entrar a los fiscalizadores y como estos carecen de rango de ministro de fe, eso limita su capacidad de controlar. Hay absurdos, como que personas que venden sus derechos de aguas a las mineras, a un precio exorbitante, luego siguen extrayendo ilegalmente los derechos que vendieron”. -El texto más avanzado fue firmado por Bitar el pasado jueves y enviado a la Presidenta Bachelet, para ser tramitado con urgencia suma o incluso “discusión inmediata”, a fin de evitar lo que el ministro calificó como “un desastre nacional”. El proyecto busca prohibir a la DGA otorgar derechos de aguas en un conjunto de cuencas y de lugares, para enfrentar los efectos de la aplicación sin límite de una “ley del mono” de las aguas, que permite que todas las personas que hasta 2004 tenían algún pozo, regularizarlo. “Ha llegado una cantidad de solicitudes descomunal, más de 50 mil, pidiendo aguas que no existen en Chile”, por lo que sólo se entregarán a las personas a las que buscaba beneficiar esa ley, particularmente pequeños agricultores.