Defendamos la ciudad

Honoré de Balzac :"Toda fortuna se origina en un delito" . Como en Chile no hay sanciones efectivas para los inversionistas que cometen dolos, muchas veces coludidos con funcionarios públicos, se ha establecido un espacio de impunidad que aprovechan con singular habilidad los que tienen padrinos en los altos niveles de la administración del Estado.

Aunque no siempre las fortunas se originan en delitos o abusos no sancionados, sostenemos que los mercaderes promotores del neoliberalismo, puro capitalismo salvaje, plantean que la burocracia del sector público es una enorme traba al crecimiento económico que impulsan los patriotas empresarios.

Por otro lado, los políticos de extrema izquierda y los “jóvenes idealistas” sostienen que el interés de la sociedad es mejor resguardado por los agentes públicos planificando la economía y la asignación de recursos desde estratégicas y elevadas posiciones del poder político. En nuestra opinión, ni lo uno ni lo otro.

En casi todos los países democráticos y autoritarios, ya sea ricos, emergentes y pobres, existen las políticas del libre mercado con sólidas estructuras públicas que tienen por misión superior vigilar la correcta aplicación de las diferentes leyes en los mercados. Países estatistas, aunque con variables, son escasos y al respecto podríamos mencionar en primer lugar a Corea del Norte y en seguida a Cuba, a pesar de que en la isla se admiten, con ciertas restricciones, las actividades comerciales privadas.

Pero como la hipocresía es la reina de todas las batallas, aquellos que detentan los poderes políticos y económicos: ONU, Banco Mundial, FMI, Unión Europea, Reserva Federal de EEUU, OCDE, etc. etc. En la práctica aceptan los innumerables paraísos tributarios en donde los más poderosos empresarios del mundo, incluyendo entre otros a los blanqueadores de capitales, traficantes de drogas prohibidas y de equipos militares, depositan en esas elegantes oficinas sus riquezas para eludir el pago de impuestos en sus países de origen.

Así se distorsiona abiertamente la esencia del libre mercado que exige igualdad ante la ley y competencia leal, luego sin engaños, para que los más eficientes y respetuosos del orden establecido sean los que más ganen.

La corrupción existe en todos los países del mundo, hasta en el Vaticano, con distintos grados de intensidad, y los lectores se asombrarán si conocieran uno de los mayores fraudes, detectados por periodistas de investigación, cometidos en la sobria y educada Alemania.

Como en Chile no hay sanciones efectivas para los inversionistas que cometen dolos, muchas veces coludidos con funcionarios públicos, se ha establecido un espacio de impunidad que aprovechan con singular habilidad los que tienen padrinos en los altos niveles de la administración del Estado.

Para evitar que la ciudadanía informada indague las malas prácticas dentro de los diferentes sectores productivos de la economía, los parlamentarios ingeniosamente fraguaron que se debe tener una “legitimación activa” para denunciar, luego, que se tenga un interés directo como perjudicado en el engaño de los pillos. Y así, con esta acomodaticia restricción, todos los que mandan se sienten tranquilos, pues son pocos los que podrían acusarlos en las instancias de control.

No nos llamó la atención que la primera gestora de fondos en el mundo, Black Rock, fondo buitre de excelencia, ya está asentada en nuestra larga faja de tierra y está claro que mientras no tengamos una legislación penal, por lo menos parecida a la de Singapur, el sistema chilensis continuará operando igual, pues está en el ADN de los individuos evaluar el costo y el beneficio en sus iniciativas comerciales y si hay costo cero se tiende a caer en la tentación. Esta es la simple razón de la existencia de tanta desigualdad social y de la grosera concentración de la opulencia.

Por lo anterior, debido a que es muy obvia la balanza costo-beneficio, damos a conocer cuatro casos emblemáticos que conocemos bien, en donde intervino uno de los más importantes grupos económicos del país. En efecto, allí ha operado dicha balanza, con la cual esos empresarios, sin moverse de sus escritorios, pues sus operadores ante la función pública son hombres muy calificados y de extrema confianza.

De esta forma el holding Falabella aumentó su patrimonio en muchos millones de dólares y a continuación fundamentamos sumariamente nuestra aseveración:

Copiapó: Tiempo atrás el director de obras municipales (DOM) de Copiapó otorgó erróneamente el permiso de edificación N° 119 del año 2012 para que se levantara un mall de alta carga de ocupación en un sitio de la calle Maipú 109 de esa ciudad, colindante con el río Copiapó.

Dicho acto administrativo era ilegal pues esa empresa del retail, para abaratar costos y simplificar la tramitación, no compró el terreno idóneo que requería su equipamiento mayor, predio que debía enfrentar necesariamente vías expresas o troncales.

La Contraloría General de la República, ante ciertas denuncias, resolvió en su dictamen Nº 67031 del 21/08/15 que efectivamente ese funcionario municipal se había excedido en sus atribuciones al cursar tal permiso, pero en el proceso de investigación, tanto el Subsecretario del Minvu como el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, emitieron informes equivocados para tratar de favorecer al titular de la edificación ya construida, la que sufrió una inundación por el desborde del mencionado río.

Como un hecho anecdótico, la dirección de obras hidráulicas (DOH) del MOP reconoció que el terreno utilizado por el mall era inundable, pero nuestra debilucha institucionalidad optó por no exigir el cumplimiento de la ley y por lo tanto se produjo uno más de los reiterados hechos consumados.

Maipú: Los terrenos rurales cercanos a las autopistas de acceso a Santiago resultan muy atractivos para ciertos actores que requieren almacenar transitoriamente productos que llegan al país a través de los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Pero como la región Metropolitana de Santiago tiene un PRMS, esos actores ven constreñidas sus alternativas para utilizar ese tipo de terrenos, cuyo precio en el mercado es considerablemente más bajo que un terreno urbano.

Pero actores como Dercorp, del grupo Falabella, saben cómo evitar que se aplique la normativa del PRMS y así lo hicieron con un predio del área rural de Maipú comprado a bajo precio en un remate a la empresa Melón. El terreno se ubica en el sector Rinconada y está definido en ese instrumento como un Área de Interés Agropecuario Exclusivo.

El ardid consiste en convencer a la autoridad sectorial (Seremi de Vivienda y Urbanismo) de que el proyecto corresponde al tipo de uso de suelo Infraestructura y luego aplicar el artículo 2.1.29 de la OGUC.

El problema para ellos es que el proyecto no es de infraestructura, sino es un enorme depósito de vehículos nuevos y talleres que corresponde a una instalación del tipo de uso de suelo Actividades Productivas, que no está permitida en el PRMS para el predio adquirido por Dercorp para construir su proyecto El Trebal.

La Contraloría se encuentra analizando la situación producto de una reciente denuncia.

Conchalí: Una pyme tenía el encargo de construir el centro comercial OPEN PLAZA FONTOVA, de propiedad de Falabella y su dueño, Esteban Briones, descubrió que la licitación llevada adelante y adjudicada a ella en el año 2017, no cumplía con la normativa del Plan Regulador Comunal (PRC), pues se intentaba edificar con un mayor coeficiente de constructibilidad para así dar cabida a unos locales de renta inmobiliaria.

La situación llegó a la Justicia local, la que falló a favor de la pyme, ordenando la demolición del llamado patio constructor de Falabella, lo que no ocurrió y al pago de unos $ 250.000.000 a favor del municipio por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), litigio que fue confirmado en el fallo del 26 de septiembre de 2021 emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago, materia que se describe muy bien en un artículo de Ciper.

Valparaíso: La estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) acordó un lucrativo negocio con Falabella para que ésta, con una serie de subsidios, construyera el denominado Mall Barón en el amplio terreno fiscal de la anterior empresa pública, contando para ello con el irrestricto apoyo del alcalde UDI Jorge Castro y del intendente PS Gabriel Aldoney.

Así fue como la dirección de obras municipales (DOM) de la ciudad puerto cursó un permiso de edificación absolutamente ilegal, ignorándose si procedió en tal sentido por desconocimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) o bien presionada por Falabella y los agentes públicos porteños. El resultado de dicha proyectada inversión se aprecia en una publicación de BioBioChile.

Finalmente, se observa que Falabella con sus apitutados “mayordomos” ha obtenido millonarias utilidades con la explotación comercial del recurso suelo en los casos de Copiapó, Maipú y Conchalí pues contó para ello con la obsecuencia y timidez de las instituciones públicas respectivas.

En todo caso dicho holding no pudo edificar su mall en el borde costero de Valparaíso, pues la Corte Suprema, como siempre, a través de una contundente sentencia, puso las cosas en su justo lugar.

Entonces, esperando que a partir del próximo 11 de marzo tendremos servidores públicos que no se prestarán para este tipo de impúdicas movidas, se debe mantener la vigencia del sistema de libre mercado, pero a diferencia del pasado y el presente, con respeto absoluto del Estado de Derecho, con la seguridad de que Falabella nunca más intentará saltarse las reglas del juego, descartando de plano esas trasnochadas políticas estatistas que no conducen a nada bueno.

En esta línea, la nueva Constitución no podrá contener los excesos que algunos impulsivos y alegres convencionales proponen en la actualidad.