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Con motivo de las masivas expresiones ciudadanas iniciadas el 18 de octubre en contra del inicuo neoliberalismo en boga, la desigualdad, la falta de transparencia en las actuaciones del aparato público, abusos de privados en sus ofertas de bienes y servicios en los diferentes mercados, colusiones empresariales para cobrar más dinero a los consumidores, financiamiento ilegal de la política, políticos desvergonzados que piden dinero a las grandes empresas para salir electos en las elecciones y unas cuantas más lacras que todos conocemos, por un lado el Gobierno, con palabras, elegantes ha reconocido que las reglas de los mercados han sido superadas y, por otro lado, las asociaciones gremiales empresariales también se han hecho un mea culpa, según informaciones divulgadas por la prensa.
Pues bien, una cosa es lo que se dice para calmar a la opinión pública y otra cosa muy distinta es cómo se actúa en la práctica y por ello a continuación damos a conocer 2 ejemplos muy claros en orden a que, tanto el sector inmobiliario con sus socios naturales que son las municipalidades y los parlamentarios, que les gusta posar de representantes del pueblo, siguen cometiendo las mismas actuaciones que la ciudadanía ha estado objetando con molestia desde hace 50 días.
Vamos al grano:
1.- Una inmobiliaria del empresario Matías Izquierdo Menéndez, persona que es mecenas de la conservadora y conocida Universidad de Los Andes, reducto educativo de la Prelatura del Opus Dei, está tramitando en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique un permiso de edificación para levantar una torre habitacional de 23 pisos, sobre un angosto pasaje en donde existen varias viviendas unifamiliares de uno y dos pisos.
Para posibilitar el lucrativo negocio, la inmobiliaria compró un par de esas casas e inició los trámites administrativos, tales como la obtención del Certificado de Informaciones Previas (CIP), en el cual se refrenda que la vía es un pasaje, el anteproyecto de construcción y el permiso de edificación definitivo, pero el DOM sistemáticamente se ha negado a entregar copia de los mismos a los vecinos del pasaje que serán los perjudicados por la futura existencia de esa elevada estructura de cemento. La Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones expresa con suma claridad que esos actos, como sus tramitaciones, tienen el carácter de públicas, con lo cual hemos llegado a la conclusión que en la Municipalidad de Iquique, por algún motivo que habría de indagar, no existe el Estado de Derecho.
Por lo anterior, dado que el funcionario municipal titular de la dependencia que cursa este tipo de permisos, no es partidario de la transparencia y que la probidad en el ejercicio de su cargo para él es meramente voluntaria, a través de este medio de prensa, le hacemos un llamado al alcalde Mauricio Soria, hijo del senador Jorge Soria, para que obligue a su díscolo subordinado a que entregue toda la documentación que los vecinos del pasaje necesitan conocer para así impugnarlo en sede administrativa o judicial.
Celebramos la iniciativa de las organizaciones civiles Observatorio Fiscal, Espacio Público y Chile Transparente, ya que sus titulares Jeanette von Wolfersdorff, María Jaraquemada y Alberto Precht, respectivamente, se acaban de reunir con el ministro de Economía, entregándole un documento que establece las herramientas investigativas necesarias para detectar los recurrentes delitos de corrupción que cometen los más importantes empresarios, asunto tratado anteriormente por estos virtuosos “3 mosqueteros” con la Cámara de Comercio y con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). Esperamos que estas asociaciones gremiales empresarias hayan entendido que los negocios se legitiman solo si se respetan las normas de sus propios sectores.
2.- El 14/08/19 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley llamado de “integración urbana y social”, pero que en rigor es un traje a la medida de la industria de la construcción, asunto que fue denunciado por muchos. Debido a que votaron a favor una veintena de diputados con conflictos de interés, pues están relacionados con el sector económico de la construcción, según sus declaraciones de patrimonio e intereses, 19 ciudadanos de a pie, uno de los cuales es este columnista, le representaron esa deshonesta práctica a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara para que se anulara la votación por estar insubsanablemente viciada y se sancionara a esos diputados desobedientes.
Como dicha “honorable” Comisión nunca contestó, el 03/12/19 se le pidió por escrito a tal Comisión, con copia a los presidentes del Senado y de la propia Cámara, que informara cuales habían sido las medidas disciplinarias adoptadas en contra de esos diputados díscolos y ¡oh sorpresa! el 04/12/19 contesta que, después de haber escuchado (sic) a esos diputados, consideró que no había conflicto de interés, pero que para tener mayor claridad sobre la materia se elaborará un Instructivo para conocer cómo se entienden las inhabilidades, es decir, la Comisión presidida por el diputado Bernardo Berger, recién a partir de la existencia de ese instructivo interno podrá ejercer su cometido. Ello significa que durante 30 años esa Comisión no supo cómo proceder.
En rigor, esos diputados preocupados de la ética y la transparencia aplicaron descaradamente la antigua doctrina corporativa de los socorros mutuos para así no cumplir con sus deberes. No nos extrañemos entonces con esa burlesca respuesta, pues así opera la corruptela en ese desprestigiado poder del Estado y por ello, es justificable el estallido social en contra del abuso, de las trampas y arreglines que cometen impunemente los que tienen el poder.