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El gobierno de Bachelet, a través de su Comité de Ministros, ha invalidado la resolución ambiental de HidroAysén y además está retirando proyectos de ley del Congreso Nacional , como también está dejando sin efecto ciertos decretos y resoluciones que contaban con la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, materias sobre las cuales no emitimos juicios porque, a pesar de que son materias de interés público, no son de nuestra competencia.
Nosotros hablamos de lo que efectivamente sabemos y por ello, en pocas palabras nos referimos a un nuevo error del gobierno pasado que deberá ser resuelto por el actual.
Hace pocos meses se aprobó un cambio en la regulación urbana metropolitana, mediante la cual 10.000 has. agrícolas se transformaron en urbanas, es decir, aptas para construir viviendas y sus necesarios equipamientos. Un cierto porcentaje de ese guarismo eran predios rústicos acogidos al DL 3.516 y en razón de ello, le solicitamos al Servicio de Impuestos Internos (SII) que nos entregara un listado con los nombres de las personas jurídicas y naturales cuyos predios ahora, con las automáticas plusvalías, son urbanos. Obra en nuestro poder ese listado.
El DL 3.516 establece que tales predios agrícolas tienen la prohibición expresa de convertirse en urbanos y las autoridades que deben fiscalizar su cumplimiento son los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda y Urbanismo, el SAG y los propios municipios, en donde se localizan esos terrenos de 0,5 ha, denominados publicitariamente como “parcelas de agrado”.
En ese cuerpo legal también se establece que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) deberá ejercer las acciones de nulidad de los actos administrativos que posibilitaron la especulativa transformación de esos predios.
Por lo reseñado y para evitarle carga de trabajo al CDE, esperamos que el actual gobierno deje sin efecto tal resolución.