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El 25 de enero de 2008, cuatro meses antes, una inmobiliaria obtuvo un permiso de edificación para construir una torre habitacional de 33 pisos con 760 viviendas y 249 estacionamientos en el predio resultante de la fusión de 3 de ellos colindantes del mismo propietario. El director de Obras, excediéndose en sus atribuciones, señaló en el permiso otorgado que esa fusión se podía inscribir en el Conservador de Bienes Raíces contra la recepción final y hoy en uno de esos 3 terrenos se está levantado un edificio en altura, es decir, en los 3 terrenos existen inmuebles.
La alcaldesa Carolina Tohá está preocupada porque algún funcionario municipal le dijo que, con el aludido permiso, la inmobiliaria podría demoler el inmueble protegido y levantar allí una segunda torre con las características señaladas en el acto administrativo del 25/01/08.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dice que cada permiso caducará automáticamente a los 3 años de concedido si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso.
Revisando la materia observamos que cada uno de los 3 predios están afectos al pago del impuesto territorial que cobra la Tesorería General de la República, lo que indica que ellos no se han fusionado con lo cual se infiere que el permiso de edificación está mal otorgado y por ende no se podrá demoler el inmueble protegido por la Municipalidad de Santiago.