Defendamos la ciudad

Durante un prolongado período de tiempo, en la comuna de Santiago, se utilizó el ardid de considerar como viviendas sociales los departamentos de las innumerables torres que se construyeron allí con el subsidio de renovación urbana. Sus precios de venta al público fluctuaban entre las UF 900 y UF 2.000 y ello aconteció por precisas instrucciones dictadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) al Director de Obras de esa comuna. Los precios máximos de las verdaderas viviendas sociales llegan a las UF 520 y sus compradores son -como se entenderá- personas vulnerables a quienes el Estado ayuda a pagarlas. El motivo de esa mala práctica institucional se relacionaba con la cantidad de estacionamientos que requieren las viviendas, de acuerdo a sus superficies de construcción, lo que está normado desde el año 1994 en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS que tiene tuición sobre las 52 comunas de esta región. Cada municipalidad, si lo estima necesario, puede regular más restrictivamente. Dado que la municipalidad de Santiago estaba en total desacuerdo con esa inexplicable disposición del Minvu, el ex alcalde Raúl Alcaíno, por escrito, le representó esta inicua situación a la ex ministra del ramo, Patricia Poblete, y quien escribe esta columna, con el ex senador Nelson Ávila, llevamos los antecedentes a la Contraloría General de la República, la que después de 8 meses, vía dictamen Nº 58261 del 21/12/07, advirtió perentoriamente al Minvu y a la Municipalidad de Santiago que no se podía repetir tal artilugio. Sobre la angosta vía Sara del Campo, situada entre las calles Carmen y San Isidro, a unos 200 metros al sur de la Alameda, se están construyendo 2 torres de 24 pisos que consideran 777 viviendas, 1 local comercial y escasos 220 estacionamientos. El permiso fue otorgado por la Dirección de Obras de la misma municipalidad que reclamaba por la densificación incontrolada que desaprensivamente promovía el Minvu.Ahora bien, sobre la angosta vía Sara del Campo, situada entre las calles Carmen y San Isidro, a unos 200 metros al sur de la Alameda, se están construyendo 2 torres de 24 pisos que consideran 777 viviendas, 1 local comercial y escasos 220 estacionamientos. El permiso fue otorgado por la Dirección de Obras de la misma municipalidad que reclamaba por la densificación incontrolada que desaprensivamente promovía el Minvu. El favorecido con ese curioso permiso era una de las tantas empresas del conocido consorcio inmobiliario Paz, el mismo que, con su anterior socio Froimovich, edificó a destajo y que, por ello, tiene el récord de torres en el centro de la ciudad. En razón a que las faenas constructivas de la empresa contratada para el efecto producían diversos daños ambientales a una comunidad vecina, el Comité de Administración de ésta formalizó sus quejas ante los funcionarios municipales que tenían que fiscalizar y como no se avizoraban los resultados esperados, escalaron el reclamo ante el alcalde Pablo Zalaquett, quien sí tomó el toro por las astas : envió los antecedentes a la seremi de Vivienda y Urbanismo. Los vecinos, asistidos por gente que sabe de estas cosas, documentaron todas las irregularidades cometidas en el proceso administrativo, a partir del otorgamiento de un permiso de anteproyecto que concluyó con una modificación al permiso de edificación, en donde se detectó el error cometido al interior de la Dirección de Obras porque no se le exigió a la omnipotente empresa Paz el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). Este tipo de estudios se necesitan hacer cuando los proyectos inmobiliarios habitacionales contemplan más de 250 estacionamientos y deben estar aprobados por el seremi de Transportes para que se puedan cursar los permisos de edificación. Tratándose de edificaciones de oficinas el umbral son 150 estacionamientos y nos gustó que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, haya tomada la sana decisión de terminar con las astutas prácticas empleadas por la industria inmobiliaria para hacerle el quite a estos análisis técnicos que, bien hechos, redundan en beneficios para la ciudad. Por otro lado, la Dirección de Obras argumenta que la calificación ambiental favorable, por tratarse este caso de un proyecto que tiene más de 300 viviendas, se requiere tan solo al momento de solicitarse la recepción final de obras, avalando su pretensión conforme a lo expresado en una Circular emitida por la División de Desarrollo Urbano del Minvu. Ese ministerio se equivocó al difundir esa Circular porque los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ordenan que los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) podrán ejecutarse previa evaluación. Cuando conocimos esa Circular le manifestamos al arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, que la rectificara para respetar el mandato legal ambiental y debemos suponer que procedió en consecuencia. Existen una serie de otras irregularidades que, para no aburrir a los lectores, las pasamos por alto en esta columna, pero si hay alguno que desee conocerlas puede acceder a nuestra página web en donde se publica un descriptivo informe ad hoc entregado el lunes pasado al alcalde y director de obras de Santiago y a la seremi de Vivienda y Urbanismo. En resumen, la empresa inmobiliaria Paz se expuso al riesgo y como en el ámbito de la construcción no existen códigos de conducta, ni autorregulación del mercado, dependerá ahora como la Comunidad que reclamó enfrentará la situación en defensa de sus derechos, más aún, si la constructora, sin autorización de la anterior, se introdujo clandestinamente con tensores en su sub-suelo, violándose así el derecho de propiedad de esa comunidad. Si quienes están lucrando con este negocio hubieran trabajado con responsabilidad social empresarial, como habitualmente esa industria vocea, es decir, respetándose los derechos de sus vecinos, éstos nunca habrían puesto el grito en el cielo y las irregularidades más graves jamás se las hubiéramos dado a conocer a las autoridades competentes con el propósito de que apliquen las leyes, si es que se atreven.