La llamada Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados estableció la impunidad para los diputados que tenían conflictos de interés para votar en el proyecto de ley denominado de integración social y urbana, pero que en rigor buscaba entregar beneficios a la industria de la construcción, el que fue aprobado el 14/08/19.