22 Agosto 2005
La Nación:

Edificio de Las Condes en peligro de demolición por polémico permiso

La construcción de lofts ubicada en el barrio El Golf está casi terminada, pese a que la autoridad ministerial decretó la irregularidad del permiso hace meses. El propio alcalde Francisco de la Maza reconoció el error de la Dirección de Obras en un concejo municipal. El abogado de la constructora argumenta que la autorización está en regla. Los vecinos reclaman que la obra debería demolerse.

A fines del año pasado, la casa abandonada de calle Carmencita 262 del exclusivo barrio El Golf lucía un cartel que invitaba a una gran fiesta de despedida. El dueño tenía sus razones para celebrar. Luego de tres años sin poder vender o arrendar el inmueble avaluado en 300 millones de pesos, el 7 de septiembre logró recaudar el doble. “La vendí en 600 millones, ¡cómo no voy a hacer una fiesta!”, se jactaba ante los vecinos. ¿Cómo lo logró? El terreno de 832 m2 tenía uso habitacional unifamiliar. Sin embargo, en el oficio Nº 1257, la Dirección de Obras Municipales de Las Condes recalificó el sitio ubicado entre Isidora Goyenechea y Presidente Riesco como “predio residual”, lo que permitía construir un edificio de hasta cinco pisos, acercar la edificación a cuatro metros de la propiedad vecina y disminuir el antejardín. La incredulidad invadió a los vecinos. Acudieron a la Municipalidad y, aunque en un principio les fue negada la información, se enteraron de la medida. “La empresa siguió con la construcción sin atender nuestros argumentos. Decían que tenían un permiso legal de la Municipalidad y que actuaban de buena fe”, recuerda Ernesto Benado, vecino del sector. Hoy, el edificio Loft El Golf está casi terminado. ¿Quién manda a quién? La Dirección de Obras Municipales extendió esa autorización pese a que el predio sí se podía anexar a dos terrenos colindantes para llegar a los 1.500 m2. Ése fue el argumento que utilizó la secretaria regional ministerial metropolitana de Vivienda y Urbanismo (seremi), Verónica Serrano, para no acoger en abril de este año una solicitud de reconsideración de la directora de obras, María Eugenia Vial. En el documento -Ord. Nº 1276-, Serrano argumenta que “el predio sobre el cual se otorgó el Permiso de Edificación Nº 344 de fecha 21.12.04, fue calificado erróneamente como residual existente de densificación, debiendo esa Dirección de Obras Municipales tomar las medidas necesarias para reparar la equivocación e informar a esta Secretaría Ministerial, en el plazo máximo de 15 días, respecto de lo obrado en ese sentido”. Además, la seremi le informó que solicitaría a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo en su contra y Patricio Herman, presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad, entregó los antecedentes a la misma Contraloría para investigar el tema. “El alcalde no tiene idea” “Pese a que tiene un dictamen de su superior jerárquico de acuerdo a la ley, que es la seremi de Vivienda y Urbanismo, la directora de obras no hace nada”, comenta el abogado de los vecinos afectados, Tomás Fabres. “De acuerdo a la ley, debería requerir del alcalde la dictación de un decreto de demolición. El edil sabe que el permiso es ilegal y que tiene la facultad de decretarla, pero no hace nada ¿Por qué? Porque la directora de obras no se lo ha requerido. Están en ese juego”. Ante la falta de resolución, la Comunidad Edificio Carmencita 246 presentó hace unos días una demanda por perjuicios en contra de la Municipalidad, la directora de obras y la Sociedad Inmobiliaria Loft Carmencita Limitada para que se declare la nulidad del permiso de edificación, se decrete la demolición del edificio –tal como señala el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones- y se condene a los demandados a indemnizar a los vecinos. “La seremi está completamente equivocada, no entiende la norma”, asegura Gonzalo Vicente Reyes, abogado de la Sociedad Inmobiliaria Loft Carmencita Limitada, constructora del edificio. “Hemos cumplido con las exigencias legales, tenemos un permiso de edificación reducido a escritura pública y por lo tanto es un contrato ley con el Estado de Chile”. El alcalde Francisco de la Maza reconoció en un concejo municipal la ilegalidad del permiso. Y frente a esto Reyes fue tajante: “El alcalde no tiene idea, no es técnico. Si hubiera leído las normas, se habría dado cuenta que la directora de obras tiene la razón”. LN




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