Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad se refiere a la Resolución Exenta Nº 1488 de fecha 11 de agosto de 2014 firmada por el aludido Seremi, quien ordenó la paralización de faenas y demolición de todas las obras del mall situado en la calle 14 Norte 976 que contravienen las actuales normas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar. Si bien es cierto el proyecto ilegal ya está detenido, ahora ya han empezado a operar los “relacionadores públicos” y eficientes lobistas de las empresas privadas propietarias de esa construcción para que ese mandato de la autoridad competente se deje sin efecto. Hay que tener presente que esta construcción ilegal se ejecuta con las derogadas normas urbanísticas del PRC, contenidas en el permiso de edificación Nº 1349 del año 2000, ¡14 años atrás! , acto administrativo caducado automáticamente el 29 de enero de 2003 por imperio del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. De lo anterior se desprende que el titular del mall deberá solicitar un nuevo permiso de edificación, adscribiéndose a las normas urbanísticas actualmente vigentes en el PRC, lo que significa que su carga de ocupación deberá ser concordante con la clasificación que tengan las angostas calles en donde se consideren sus accesos.      

Patricio Herman manifestó al respecto “sabemos que tales empresarios están intentando ablandar a las autoridades sectoriales con el manido argumento de que la inversión privada asignada al proyecto es cuantiosa y que centenares de trabajadores quedarán cesantes. En nuestra condición de conocedores del desarrollo de los hechos sostenemos que el único camino que tiene la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. cuyos dueños son las empresas Ripley, París y Parque Arauco es recurrir a la Justicia y en esa instancia los magistrados conocerán de primera fuente el cúmulo de ilegalidades cometidas por la compañía experta en retail. Para evitar que la Administración escuche los cantos de sirena del infractor flexibilizando su decisión, le hacemos un llamado al consejero regional Manuel Millones, miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE de Valparaíso, quien ha demostrado ser un efectivo fiscalizador en estas materias, y a los vecinos que reclamaron oportunamente, para que se mantengan vigilantes y así evitar cualquier posible avenimiento entre las partes. La ley perentoriamente se debe cumplir, con lo cual se dará una explícita señal al mercado inmobiliario que evitará la repetición de este tipo de deplorables comportamientos“. FIN

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