Defendamos la ciudad

Las organizaciones ciudadanas y la directiva del Colegio de Arquitectos de Chile, ingresaron sendos documentos en la Contraloría para que ésta no tome razón de la resolución correspondiente firmada por la Intendenta Metropolitana y Presidenta del Consejo Regional (CORE).
El arquitecto Julio Alegría, secretario general del Colegio de Arquitectos de Chile, señaló lo siguiente en la oportunidad en que fue entrevistado por los periodistas asistentes a la conferencia de prensa de hoy día: “nuestra Orden Profesional, ha presentado este documento sobre la base de dos aspectos fundamentales. El primero, por consideraciones de forma, entre las cuales destacamos el no cumplimiento de la necesaria aprobación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, y no haber sometido esta nueva presentación a la consideración de los municipios involucrados. El segundo, por cuanto en la expansión urbana mencionada, se considera suelo que por decreto ley no puede modificar su uso de suelo. Y, en tercer lugar, por la ausencia de la evaluación ambiental estratégica necesaria.
También, por consideraciones de contenido, entre las cuales hay que destacar la ausencia de una ley que rija el territorio urbano y no urbano, transformando entonces esta solicitud de expansión en una arbitrariedad que no obedece a los conceptos técnicos necesarios. El fundamento del PRMS100, es la presunta necesidad de mayor territorio para albergar el crecimiento. Sin embargo, nuestros estudios nos muestran que hay suficiente terreno al interior del perímetro urbano, para satisfacer las necesidades hasta al menos, 22 años”.
Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, en representación de las 63 organizaciones ciudadanas manifestó: “es evidente que este proyecto depredador obedece a un antojo presidencial y en tal sentido, en razón a las diversas ilegalidades contenidas en el mismo, le hacemos un llamado al Presidente Piñera para que instruya a su Ministro de Vivienda, en orden, a que se inicie un proceso democrático para consensuar el desarrollo, no sólo de esta megalópolis, sino que de todo el país, teniéndose en cuenta la sustentabilidad como criterio esencial. Por otro lado, consideramos impropio que estos cambios de uso de suelo que generan importantes plusvalías a los poseedores privados de esos terrenos, se implementen a través de simples resoluciones administrativas. Esta materia necesariamente debe ser llevada a cabo, vía una ley de ordenamiento territorial aprobada por el Congreso Nacional”.

Contactos: Julio Alegría 98257188- Patricio Herman 92585459