Página oficial de Facebook
Una funcionaria de Vivienda y Urbanismo, dentro de su competencia, desautorizó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la Circular DDU 426, de fecha 27 de noviembre de 2019, dejando en claro que los DOM no están facultados para exigir un Informe Vial Básico (IVB) para el otorgamiento de Permisos de Edificación, ni para las recepciones de obras.
Gran polémica ha desatado la Resolución Exenta N° 2.417 de fecha 2 de septiembre de 2019, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la cual pretendía exigir la aprobación de un Informe Vial Básico (IVB) a los proyectos de edificación con 50 o más estacionamientos que aprueben las Direcciones de Obras Municipales (DOM), como requisito previo al otorgamiento de permisos de edificación o de las recepciones de obras. Este asunto se dio a conocer en El Periodista.
Después de esa publicación este columnista se entrevistó con el ministro Cristián Monckeberg, de Vivienda y Urbanismo, quien se interesó en revisar todo lo planteado, motivo por el cual le solicitó a la Jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de su ministerio que resolviera el impasse.
Así fue como esta funcionaria, dentro de su competencia, desautorizó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la Circular DDU 426, de fecha 27 de noviembre de 2019, dejando en claro que los DOM no están facultados para exigir un Informe Vial Básico (IVB) para el otorgamiento de Permisos de Edificación, ni para las recepciones de obras.
En apoyo a tal aseveración, se cita el artículo transitorio de la Ley 20.958, y los Dictámenes N° 50.591, de 2010, N° 34.509, de 2017 y N° 7.946, de 2018, todos de la Contraloría General de la República, así como la Resolución N° 511 de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, y los artículos 1.4.2 y 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
También se concluye, por parte de la DDU, que los DOM tampoco les corresponde verificar si un proyecto incide en modificaciones a las características físicas u operacionales de vías que integran la red vial básica, pues carecen de atribuciones legales para ello. Con esta medida, el Minvu, aplicando la ley, favoreció a las pequeñas y medianas empresas inmobiliarias, que aprueban permisos de edificación cuyos proyectos contemplan más de 50 estacionamientos para vehículos y menos de los 150 y 250 estacionamientos, considerados para equipamientos y habitaciones, respectivamente, que sí se exigen en los Estudios de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), conforme el artículo 2.4.3 de la OGUC.
En buena hora que el Minvu empiece a pensar en medidas que reactiven al sector construcción, donde se ha producido una parálisis total de nuevos proyectos debido a la convulsión que vive el país a partir del 18 de octubre de este año, lo que provocará una avalancha de cesantía en los próximos meses, si no se adoptan correctivos oportunos.
Cabe recordar que, el sector construcción se encuentra endémicamente estancado, con niveles de permisos aprobados que se remontan al año 1995. (Fuente INE).
En efecto, en esos 23 años, el número de viviendas aprobadas con permisos de edificación, sólo se ha incrementado en un 11%, mientras que la economía en igual lapso de tiempo, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, se ha incrementado en un 378%.
En otras palabras, mientras la economía se ha multiplicado por 3,8 veces en esas dos décadas y fracción, la oferta de viviendas prácticamente es la misma que hace 23 años atrás, debido a la escasez artificial de terrenos, provocado por un marco regulatorio muy defectuoso, que sólo ha conseguido subir indebidamente el precio de las viviendas, en perjuicio de la clase media y de más escasos recursos.
Es de esperar que el Ministro Monckeberg tome otras cartas en el asunto de su competencia, y corrija las graves distorsiones que existen en el mercado del suelo, provocado por un enfoque inadecuado y restrictivo de los planes reguladores (comunales e intercomunales) y también de la OGUC que, en conjunto, fomentan la segregación urbana, en vez de propiciar la necesaria integración urbana y social.
La sustentabilidad urbana dependerá, más que nunca, de que se ajuste dicha regulación administrativa, a fin de lograr ciudades más integradas, especialmente entorno a redes del metro y ejes viales estructurantes, que están en mejores condiciones de absorber el crecimiento sustentable de las urbes.