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La violenta revuelta social se generó por una mala decisión de la ministra de Transporte, quien no previó las nefastas consecuencias del alza en las tarifas del Metro.
Valoramos los dichos públicos el general Iturriaga, quien le dio clases de prudencia al presidente de la República y para abordar la situación de crisis que estamos viviendo, urge un contrato social para terminar con la lacra de la corrupción, con los infinitos abusos de las grandes empresas con una autocrítica y compromiso por parte de sus asociaciones gremiales empresariales en orden a que respetarán las leyes, por lo tanto sin utilizar ardides para sacar ventajas en los mercados. Así los consumidores los considerarán legítimos inversionistas.
La clase política, muchas veces coludida con actores privados que se saltan las normas, también debe asumir sus responsabilidades. Los partidos políticos, causantes también del desequilibrio que se vive, tienen la obligación de emitir una declaración en que expresen sus decisiones para reducir los altos sueldos y variados pitutos autoasignados por los diputados y senadores. Sus ingresos mensuales tienen que tener una relación directa razonable con los sueldos mínimos que ellos aprueban año tras año.
La ciudadanía tiene todo el derecho para reclamar y a los malandrines que roban e incendian, tanto Carabineros como el Ejército deben detenerlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente.
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