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En el vespertino La Segunda del viernes 5 de octubre, día que se celebraron los 30 años del plebiscito que dio término a la dictadura de Pinochet, aparece en su portada la fotografía del muy sonriente ultraderechista Bolsonaro, con título ¿Próximo Presidente de Brasil? (sic), edición en donde a página completa se publica la sesgada crónica “Inmobiliarias identifican más de 80 proyectos en conflicto en Santiago”, en la cual se recogen los lloriqueos de un llamado “Grupo de Trabajo Certeza Jurídica” de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC).
En su afán de influir en sus desprevenidos lectores, ese medio, entre otras cosas, expresa textualmente : ”los conflictos se originan porque las DOM revierten sus propias autorizaciones o porque la Contraloría tiene interpretaciones que obstaculizan el avance………”.
En este medio de prensa tenemos el deber de desmentir el mensajito que entrega ese estafeta en papel, exponiendo que las DOM (Direcciones de Obras Municipales), en ocasiones se ven en la obligación de invalidar permisos de edificación, conforme a la ley Nº 19.880, del Procedimiento Administrativo, porque han sido fundadamente objetados por grupos de vecinos que manejan la información técnica y dejamos en claro que la Contraloría en sus dictámenes ejerce su rol fiscalizador conforme a su propia Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional. Sabemos que la industria de la construcción hace lobby en el Minvu y en otras instancias públicas y privadas para quitarle atribuciones a la Contraloría, pues no desea que ese organismo público examine la legalidad de ese tipo de permisos.
Como vemos, esos inversionistas desean tener un privilegio especial pues argumentan que solo basta con las autorizaciones de los DOM a sus solicitudes de permisos, a sabiendas que es sumamente fácil que los funcionarios municipales “cometan errores” que aumentan las ganancias de los proyectos inmobiliarios. Donde más existe corrupción es en las municipalidades y por ello, si los perlas quieren certeza jurídica para sus permisos tan pronto se cursen, lo que deben hacer, aunque les cueste, es cumplir con las normas legales sectoriales. Sería para la risa que el Estado intente quitarle sus roles a los Seremis de Vivienda y Urbanismo, a la Contraloría y a los propios tribunales de justicia para “tranquilizar” a la pechugona industria de la construcción.
El mismo día, en El Mercurio de Valparaíso se publicó la nota “Apertura del nuevo mall de 14 norte entra en su semana clave” dándose a entender como un hecho cierto que en los próximos días empezará a funcionar en Viña del Mar ese equipamiento comercial de alta carga de ocupación cuyo dueño es la Inmobiliaria Viña del Mar S.A. controlada por Parque Arauco S.A. y Ripley.
Aunque ese diario regional no lo dice, expresamos que tal mall ilegal se construye con el permiso de edificación Nº 1.349 del 29 de junio de 2000, dieciocho años atrás, otorgado por el Director de Obras Municipales de Viña del Mar, fecha en que estaban admitidas las normas urbanísticas que se aplicaron al permiso. En el año 2002 se hizo una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar, restringiéndose esas normas y a partir del año 2001 se incorpora en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) la exigencia que tienen los grandes proyectos como este mall a elaborar Estudios de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).
Por los motivos que se dan a conocer más adelante, los titulares del permiso iniciaron sus obras solo a partir del año 2012, doce años después de cursado el permiso, cuando ya estaban vigentes las nuevas disposiciones legales y cuando ya dicho permiso de edificación había caducado, pero los despabilados inversionistas, bien relacionados con el poder político de turno, se hicieron los locos y construyeron su mall con las normas urbanísticas ya inexistentes.
Este caso se judicializó por interposición de un recurso del vecino viñamarino Carlos Valencia y la Corte Suprema convalidó un acuerdo entre la municipalidad de Viña del Mar y la inmobiliaria, en orden a que ésta debía ejecutar una serie de mitigaciones viales, sin que los magistrados se pronunciaran sobre el fondo de la materia, es decir, si el permiso del año 2000 mantenía su vigencia o bien estaba caducado conforme lo establece el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)
Sobre esta controversia judicial se debe tener en cuenta la Resolución Nº 2374 del 20/07/16, firmada por la presidenta Bachelet, conforme a sumario de la Contraloría en contra de Matías Avsolomovich, ex Seremi de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Piñera, por haber impulsado, como superior jerárquico de las DOM, actuaciones contrarias a derecho : al hombre se le sancionó con 2 medidas disciplinarias.
Un poco de historia en orden cronológico :
1.- El 21 de julio de 2003 el arquitecto Fernando Durán, DOM de Viña del Mar, informa a la inmobiliaria que el permiso se encuentra automáticamente caducado por no haberse iniciado durante los primeros 3 años las obras correspondientes.
2.- El 6 de agosto de 2003, ese funcionario municipal, nos imaginamos que por presiones indebidas, se arrepiente de su decisión anterior, manteniendo la vigencia del permiso Nº 1.349.
3.- El 25 de agosto de 2009, la sección de Fiscalización de la Municipalidad de Viña del Mar informa que el predio en cuestión se encuentra abandonado.
4.- El 25 de mayo de 2010 el arquitecto Durán renuncia a su cargo de DOM, asumiendo en su reemplazo el arquitecto Julio Ventura, quien el 5 de mayo de 2011, como era su deber, certifica la caducidad del permiso de edificación del año 2000.
5.- El 22 de septiembre de 2011, Matías Avsolomovich, Seremi de Vivienda y Urbanismo, abusando de su cargo público, obliga al DOM Julio Ventura para que mantenga la vigencia del permiso Nº 1.349 del año 2000, ello para favorecer a la inmobiliaria.
6.- El 19 de octubre de 2011, el arquitecto DOM Julio Ventura, dando un ejemplo de probidad administrativa, ratifica la caducidad del permiso.
7.- El 22 de diciembre de 2011, el arquitecto Avsolomovich, Seremi de Vivienda y Urbanismo, después de tratar la situación con las máximas autoridades del Minvu, constriñe ilegalmente al DOM Ventura para que diga que el permiso caducado se encuentra vigente. (PLOP).
La resolución de sanción impuesta por el sumario de la Contraloría, firmada por la presidente Bachelet, al desobediente Avsolomovich se le entregó a la Corte Suprema y no sabemos si sus magistrados tomaron conocimiento de ella.
Conforme a lo relatado, queda de manifiesto que este mall se ha edificado gracias a la corrupción imperante en Chile y estaremos atentos a la decisión que adoptará el DOM Julio Ventura, respecto a la recepción final de obras de este equipamiento comercial que ha violado todas las normas urbanísticas aplicables.
En el evento de que tengan éxito las presiones que se están ejerciendo para que Ventura ponga su firma en el certificado de recepción final de la obra, el mall ilegal abrirá sus puertas a los consumidores viñamarinos y en ese posible escenario estamos seguros que sus accionistas controladores le regalarán una gift card vitalicia al arquitecto Avsolomovich por el favor concedido.