28 Noviembre 2016

La Corte Suprema Tiene la Pelota

Columna de Opinión de Patricio Herman, publicada en Estrategia el 28.11.2016

Esa ex autoridad sectorial, vía malabares y por lo tanto sin razón valedera alguna, a instancias de las máximas autoridades del Minvu, influyó en el año 2013 ante el DOM de Viña del Mar para que a éste se le “olvidara” establecer la caducidad del permiso.

En columnas anteriores nos hemos referido al caso llamado “Mall 14 Norte en Viña del Mar”, estructura de alta carga de ocupación que se está construyendo con un permiso de edificación del año 2000, dieciséis años atrás, por lo tanto caducado por imperio de la reglamentación de Vivienda y Urbanismo. 

Los dueños en partes iguales del mall localizado en un sector colapsado de la ciudad jardín son las empresas Ripley y Parque Arauco y como el Director de Obras Municipales (DOM) tuvo que declarar en el año 2015 la caducidad del acto administrativo, la inmobiliaria recurrió ante los Tribunales de Justicia argumentando que tienen derechos adquiridos de buena fe, los que por ese motivo, ya fueron incorporados a su patrimonio. 

Aquellos que algo sabemos de estos acontecimientos estamos en total desacuerdo con la pretensión de esas empresas porque ellas compraron el terreno y el permiso a una sociedad relacionada 10 años después de la  emisión del permiso, a sabiendas que ya no estaba vigente, y apostando a que nadie se iba a percatar de esa diablura posibilitada con la mano milagrosa de un ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de la 5ª Región de Valparaíso durante el gobierno de Piñera. 

En efecto, esa ex autoridad sectorial, vía malabares y por lo tanto sin razón valedera alguna, a instancias de las máximas autoridades del Minvu, influyó en el año 2013 ante el DOM de Viña del Mar para que a éste se le “olvidara” establecer la caducidad del permiso.

Un ciudadano responsable de Viña del Mar, con el apoyo técnico de los profesionales viñamarinos de la Fundación Defendamos la Ciudad, denunció hace un par de años el hecho en la Seremi ad hoc y como esa función pública no se atrevía a ejercer su rol administrativo, tuvo que recurrir ante la sede regional de la Contraloría General de la República, institución que en 2 dictámenes consecutivos le explicó al DOM de Viña del Mar cómo se aplica el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).  

Ante tal evidencia, la alcaldesa Reginato instó a su subordinado para que se respetara el marco regulatorio, instrucción que cumplió y en paralelo la contraloría regional inició un sumario en contra de ese díscolo ex Seremi y lo sancionó con medidas disciplinarias por su maliciosa actuación. Claro que él procedió como una especie de testaferro de los mandamases del Minvu.   

 El caso actualmente está radicado en la 3ª sala de la Corte Suprema, instancia judicial que ha convocado a las 3 partes, inmobiliaria, municipalidad y vecino, para que concilien posiciones, lo que no ha sido posible y por ello el viernes 25 de noviembre pasado se le solicitó a Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de Michelle Bachelet, que nos entregue la resolución presidencial de sanción en contra del ex Seremi para que así los altos magistrados conozcan detalle sabrosos hechos del episodio originado exclusivamente porque, desde el año 2002, el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar es bastante más restrictivo, situación que hasta ahora esas empresas del retail no quieren asumir. 

Es posible que Ripley y Parque Arauco sostengan “que en pedir no hay engaño” y por ello será interesante para el mercado conocer el fallo del máximo tribunal, porque está en juego la conocida picardía del chileno versus la aplicación rigurosa de la ley.  

 



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