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Todos aquellos que jubilaron trabajando 30, 35 ó 40 años, cotizando ininterrumpidamente, es decir, sin “lagunas”, el sistema de AFP les ha servido y pueden estar satisfechos con los retiros programados o con las rentas vitalicias que reciben mes a mes. Sin embargo no sucede lo mismo con la mayoría que la gente que, por diversas razones, no pudo cotizar regularmente y la situación es muy tremenda para aquellos más pobres que estando en las AFP, reciben pensiones de hambre y por ello el gobierno desea aumentar el “pilar solidario”, aunque no sabe todavía de qué manera.
Pues bien, el 22 de abril de 2014 Bachelet, con el acuerdo de todos los partidos políticos, tomó la decisión, posterior a la Ley Nº 20.840, de reemplazar el actual sistema binominal por uno proporcional, aumentado los cargos de diputados de 120 a 150 y los cargos de senadores de 38 a 50, legislación que empieza a operar en la próxima elección parlamentaria.
Así las cosas, aunque el edificio del Congreso Nacional no cuente con la recepción final que debe otorgar la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, situación ilegal que esperamos se resuelva, para acoger a los nuevos parlamentarios se deberán ejecutar varias remodelaciones al interior de esa edificación para soportar la futura nueva carga de ocupación, asunto que no es baladí.
El costo de este aumento de parlamentarios para el país y el erario fiscal, en el ítem comprendido en el Congreso Nacional, implicará un cargo al actual presupuesto de $ 10.273 millones al año en el caso de la Cámara de Diputados y un total aproximado de $ 3.500 millones en el caso del Senado (dichas sumas incluyen dieta parlamentaria, gastos de representación, oficina, movilización y demás ítemes que componen la función parlamentaria), sumas que casi llegan a los $ 14.000 millones.
Pero no podemos perder de vista que el país está pasando por un período de vacas flacas y el acuerdo de la corporativa casta política para aumentar los cupos parlamentarios fue antes de que se conocieran los escándalos del financiamiento empresarial a aquellos que votaron favorablemente esa ley. La situación de las boletas y facturas falsas cursadas por ellos o por sus testaferros a las grandes empresas es una verdadera impudicia, la que ha traído una total pérdida de confianza y falta de legitimación de dichos legisladores. Ante la situación descrita consideramos que es innecesaria la aplicación de dicha ley, por lo menos, a partir de las próximas elecciones, teniéndose en cuenta que la relación de parlamentarios por número de habitantes en Chile, a contar de esta reforma, sería uno de los más altos de la región.
Los más vulnerables adscritos al sistema AFP no pueden seguir esperando y como el deterioro económico de las rentas nacionales es una realidad, se debe decidir con la razón, prorrogando para el subsiguiente periodo parlamentario la Ley Nº 20.840 o en su caso, lisa y llanamente, eliminar el aumento del número de parlamentarios establecido a partir del próximo periodo legislativo, ya que el sistema proporcional se puede implementar con la actual cantidad de parlamentarios.
Estimamos que lo propuesto es éticamente correcto y por ello el establishment político-empresarial del 0,1% de la población tiene que decidir, ya que los $ 14.000 millones anuales son indispensables para aumentar el pilar solidario y así mejorar de verdad las pensiones de aquellos que las tienen muy bajas.
Fuente: http://www.estrategia.cl/doctoSus.aspx?idDocto=15588