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La Contraloría expresó en su reciente dictamen que se debían regularizar las situaciones “respecto de edificaciones ejecutadas sin el amparo de un permiso vigente”.
Desde hace tiempo se le ha informado, con sólidos fundamentos, a la Municipalidad de Viña del Mar que un invasivo mall edificándose desde fines del año 2013 en un sector colapsado de Viña del Mar, vulneraba la legislación vigente porque el titular del proyecto se acogió a normas urbanísticas ya derogadas en el Plan Regulador Comunal: en efecto, con un permiso del año 2000, ya caducado, se ejecutan las obras.
El caso llegó a la Contraloría con los argumentos técnicos de nuestra fundación y con los del titular del proyecto, y en diciembre de 2014 el ente fiscalizador resolvió iniciar un sumario administrativo en la Dirección de Obras Municipales, expresando que el funcionario a cargo de esta oficina debía actuar apegado a la ley, es decir, certificando la caducidad del antiguo acto administrativo.
La inmobiliaria, posiblemente porque no comprendió el texto del dictamen, le solicitó a la Contraloría una aclaración del mismo y en paralelo las empresas Cencosud y Parque Arauco, controladores de la sociedad que está edificando, se dirigieron por escrito a la SVS informándole que las noticias atingentes publicadas en algunos medios eran erradas porque el permiso de edificación en comento no tiene ningún tipo de reparos.
El ente fiscalizador emitió el 22 de mayo de 2015 un esclarecedor y categórico nuevo dictamen con Nº 040981, corroborando en todas sus partes el anterior, llamándole la atención al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región porque éste, en su afán de establecer un hecho consumado, al igual que el Director de Obras, emitió informes infundados. Entre otras cosas, la Contraloría expresó en su reciente dictamen que se debían regularizar las situaciones “respecto de edificaciones ejecutadas sin el amparo de un permiso vigente”.
También expresó que el privado “puede hacer valer sus alegaciones en otras instancias competentes”, lo que significa que estas sociedades del retail, en el plazo de 30 días, a contar del 22/05/15, podrían interponer un recurso de protección en contra de la Contraloría, el cual, como conocedores de las normas que rigen este sector de la economía, sería una pérdida de tiempo.