25 Octubre 2013

Nuevo Plan Regulador de Santiago

Carta al director de Waldo López, Sociólogo de Defendamos la Ciudad, texto enviado a diario La Tercera para su publicación.

Sr. Director:

Resulta paradojalmente significativo que el arquitecto Iván Poduje se haya referido al PRMS100 como “el nuevo plan regulador de Santiago”, y que aventure que “no se implementará antes de 2019”, según es citado por La Tercera de este lunes 21 recién pasado. El PRMS100, en efecto, no es un “nuevo plan regulador”. Es una nueva ampliación del PRMS vigente, aprobado en 1994. La quinta desde entonces y que esta vez se propone anexar un poco más 10.000 hectáreas de suelo actualmente rural, a uso urbano. Esto es, un 15% aprox. de la superficie urbana actual. 

En efecto, aquel eufemismo y prácticamente todas sus opiniones subsiguientes, bien justifican que Santiago deba ser provisto de un nuevo plan urbano, y por qué no, para que entre en vigor el 2019. Este nuevo plan, obviamente, tendría que abarcar toda la ciudad y no solo una sección de su periferia; poner énfasis en la gestión y el manejo del espacio público, y ser el instrumento primordial de la ciudadanía y de su próximo gobierno metropolitano, a fin de abordar conjuntamente su propio desarrollo urbano. Así acotado en lo político, en lo técnico, tendría que ser sostenido por una red metro-vial estructurante de alto estándar; por una adecuada planificación de las actuales tendencias de crecimiento en altura; por una confirmación, revaloración y accesibilidad de sus centralidades comunitarias; y por una clara política de mejoramiento, renovación y rehabilitación de sus piezas urbanas deprimidas, en la  que se incluya  la mantención y preservación de sus  patrimonios históricos y culturales. 

Por otra parte, en lo social y ciudadano, y para ser consecuentes, tendría que ser concebido y diseñado en sincronía con los principios rectores que contiene la política urbana, anunciada para estos días. En particular, con los que refieren la integración social (“Nuestras ciudades deben ser lugares inclusivos, que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a todos sus habitantes, respetando sus particularidades y su libertad de elección”), la participación (“Las decisiones sobre las ciudades deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos formales y organizados, en todas las escalas”), y  la adaptabilidad (“ Se debe promover la capacidad de las ciudades para adecuarse oportunamente a los cambios demográficos, económicos, medioambientales, sociales, culturales y tecnológicos). 

Todo esto, lo político, lo técnico y lo ciudadano, sin perjuicio de que como obviamente procede, contenga aquella información, normas, y estándares que atañen a las invariantes que inciden en la calidad de vida y las seguridades que esta requiere, como en este caso lo  son la falla de San Ramón, el proyecto Alto-Maipo, la presencia del pié de monte y sus recursos, y el propio tamaño de la población santiaguina, que como se sabe, viene en    disminución. Con lo cual y por último, este nuevo plan urbano tendría que aprobar  muy naturalmente su respectiva evaluación ambiental estratégica (EAE), como lo exige la legalidad actual.  

En oposición a tales perspectivas, el hecho es que el PRMS100 simplemente no cumple la legalidad ambiental que rige hoy día en el país; que en sus inicios no aprobó una primera declaración de impacto ambiental (DIA; 2007), y que no incluye las invariantes sustantivas del párrafo anterior. Su debilidad ambiental y estas exclusiones son insuficiencias que lo desmeritan.  Su ir y venir por Contraloría, con mayor razón: Una primera vez, obtuvo 82 reparos. Una segunda vez, hizo un subsiguiente reingreso y un retiro, sin detallar razones. Volvió a ingresar y esta vez obtuvo 9 reparos. Retornó por cuarta vez  y sin escrúpulos “el Minvu espera que se apruebe la próxima semana”. Lleva 7 años bregando aprobación, y con ello es notable y oportuno, aunque debió haber sido antes, que el propio arquitecto Poduje asevere que es “insuficiente aún”, y que lo sea tanto como que –según dice–, tomaría hasta 2019 para empezar a implementarlo. Todo lo cual no hace otra cosa que ratificar las decenas de antecedentes, observaciones y sugerencias que este PRMS100 recibió durante este lapso, y que provinieron de especialistas, organizaciones civiles, medios académicos, y del propio Colegio de Arquitectos de Chile. 

En tales condiciones, cuando también ocurre que el PRSM100 efectivamente no cumple los principios rectores de la nueva política nacional de desarrollo urbano, resulta inexplicable que en consecuencia, no se le haya dejado al margen. En verdad, hoy día, Santiago necesita hacerse cargo de los 7 años perdidos en un esfuerzo que omitió considerar los valores de la ciudad inclusiva; enseguida, que el Minvu subsane las limitaciones que han repercutido en esta comprobada falta de idoneidad técnica, y desde ya, aprontar velas políticas transversales para idear y elaborar un nuevo plan general urbano que subrogue íntegramente el actual PRMS, que sea aplicado en su ámbito propio, y que esté al servicio de la ciudadanía y de su imprescindible gobierno metropolitano, que requiere instituir cuanto antes. 

 

Waldo J. López
Sociólogo

 



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