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Hemos visto masivas manifestaciones públicas de vecinos que viven en la comuna de Lampa porque el agua que la sanitaria les suministra contiene niveles de arsénico que superan en demasía los permitidos por el Ministerio de Salud, es decir, ese líquido elemento no es potable para los seres humanos.
Por otro lado, en la comuna de Huechuraba los tacos viales ya son insoportables porque el crecimiento inmobiliario allí insustentable no consideró adecuadamente las ejecuciones de nuevas vialidades para soportar los crecientes flujos vehiculares.
Recordemos que cada proyecto de construcción habitacional que contemple 250 o más estacionamientos su titular debe someterlo a un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), pero esta exigencia reglamentaria se soslaya con el ardid de señalar en las solicitudes de permisos de edificación que los estacionamientos requeridos son sólo 249.
Podríamos seguir dando ejemplos demostrativos del desorden institucional en esta materia, pero lo mejor es remitirnos al reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que le endilgó a nuestra megalópolis el récord de ser la ciudad con peor calidad de vida de las 30 analizadas.
Tuvimos la ocasión, a mediados del 2012, de ser entrevistados en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), por dos expertos de esa organización internacional a quienes les dimos a conocer todas las lacras que existen en nuestro país en el ámbito de las ciudades, ello con el propósito de que finalmente nuestra institucionalidad se ponga seria, ya que los que dirigen el país sí escuchan las críticas que vienen de afuera.
Está previsto que a fines del mes en curso los 29 especialistas que han elaborado los lineamientos de la próxima Política Nacional de Desarrollo Urbano le entregarán este documento al Presidente Sebastián Píñera y en tal sentido esperamos que pronto empecemos a hacer bien las cosas.