Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 27 de abril de 2010. Con ocasión de la transitoria reforma tributaria, por un período de dos años, anunciada por el Presidente Sebastián Piñera para acometer las tareas de la reconstrucción, en la sección Economía y Negocios de El Mercurio del sábado 17 de abril se publicó, con título “Alza en las contribuciones se aplicará a 100 mil propiedades”, un comentario donde se asigna al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, haber dicho que el beneficio para las viviendas DFL2 “sólo se aplicará a una vivienda por propietario” (sic). Recordemos que a las contribuciones de bienes raíces (CBR) también se las conoce como impuesto territorial y el alza prevista contempla, según el plan del gobierno, nuevos recursos por 281 millones de dólares. Ahora bien, a todas las propiedades (inmuebles) que cuenten con un avalúo fiscal mayor a los 97 millones de pesos se les aplicará una sobretasa por un período de dos años (2011 y 2012), alza con la cual se recaudaría la cifra señalada anteriormente y que afectará a las propiedades con mayor avalúo fiscal, lo que se aprecia en el cuadro adjunto en la descripción pormenorizada con cifras actualizadas. Estamos hablando de inmuebles residenciales (viviendas), establecimientos comerciales y terrenos agrícolas. Como el porcentaje del alza de la tasa es parejo para todos los inmuebles, vemos que uno avaluado en 97 millones de pesos pagará proporcionalmente lo mismo que uno valorado en 970 millones de pesos. Sería interesante explorar la posibilidad de que esta sobretasa sea progresiva, de modo que así los que más tienen aporten un poco más al fondo de reconstrucción. De las cifras mencionadas, se aprecia que quienes pagarán más impuestos territoriales son los dueños del 1,63% del total de inmuebles registrados, pero hay que tener en cuenta que los rentistas, con giro de explotación de bienes raíces, y las inmobiliarias, mientras no vendan sus viviendas, descuentan en sus declaraciones de impuestos el pago efectuado por las CBR de las mismas, las que, de ser DFL2, tampoco pagan tributos por las rentas que generan. Las CBR son un crédito en la determinación del impuesto de primera categoría, llegándose al caso de que si el declarante ha pagado más dinero por ellas que el impuesto determinado, el Estado le devuelve la diferencia a su favor. Le decimos al ministro Felipe Larraín que todos los exclusivos clubes sociales y deportivos, instituciones que ocupan extensos predios con avalúos fiscales altísimos y a quienes se accede con pagos de incorporación de varios millones de pesos, no pagan CBR y por ello la reforma no los afectará. En la emergencia que vivimos, ¿no será razonable que tales clubes privados también hagan su aporte? El ex Presidente Ricardo Lagos dijo que el Presidente Piñera vive en una casa que no le pertenece, porque no la listó en su declaración de patrimonio e intereses, documento que está en la Contraloría General de la República. Ello es así porque esa vivienda, que debe pagar una alta suma de dinero por CBR, seguramente está a nombre de una de las tantas sociedades de inversión o inmobiliarias que pertenecen al Mandatario y cuando estas personas jurídicas hacen sus balances se imputan a débitos los pagos de los impuestos territoriales. Por otro lado, un cierto porcentaje de las 41 mil 605 viviendas que verán alzadas sus CBR por estar avaluadas en sumas superiores a los 97 millones de pesos están a nombre de personas jurídicas, lo que significa que, de acuerdo con lo dicho, el alza de las CBR no afecta a las personas naturales socias de aquellas. Siempre hemos propuesto que los beneficios tributarios para las viviendas, entre otros el IVA, sean exclusivamente a la demanda y no a la oferta, como sucede en la actualidad, porque de mantenerse esta práctica se está favoreciendo a la industria de la construcción inmobiliaria, generándose así una desviación de comercio que distorsiona la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado como la nuestra. En síntesis, si queremos establecer reglas claras y parejas con un sesgo social, se debería derogar en el Congreso la franquicia que tienen los rentistas y las inmobiliarias que se aprovechan de los subsidios a la oferta de viviendas y focalizar esta ayuda sólo a la demanda por una vez; es decir, a las familias que compran viviendas y residen en ellas. Apoyamos esta tímida y temporal reforma al patrimonio, dejando establecido que debería ser por tiempo indefinido en atención a las desigualdades que observamos en nuestro país. En cuanto a nuestras propuestas formuladas para mejorar la recaudación, veremos si los políticos se atreven a dar el paso en favor de la mayoría, restándoles subsidios a los poderosos, con lo que se irán creando espacios de equidad tributaria. Por último, consideramos confuso lo que habría dicho Felipe Larraín respecto de la limitación del beneficio de los DFL2, porque este tipo de viviendas están acogidas a un contrato ley donde se establecen todas las franquicias que tienen un plazo perpetuo. Es decir, si se desea modificar esta estructura impositiva tendrá que ser sólo para las viviendas que se vendan a partir de la nueva legislación.