Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Eduardo Engel publicada en la Tercera, abril 2008. Veinte alcaldes elegidos en la última municipal han sido destituidos de sus cargos. Compras de terrenos a precios abultados, contratos suculentos por trabajos no realizados, supuestos pagos de sueldos a personas fallecidas y boletas falsas para justificar viáticos son algunas de las irregularidades que les costaron sus cargos. No es sorprendente, entonces, que las encuestas del CEP y del CERC se'nalen que los ciudadanos perciben las municipalidades entre las instituciones más corruptas del país. Más aún, cuando LyD encuestó a empresarios y ejecutivos sobre hechos de corrupción de los cuales tenían conocimiento, los municipios emergen como la institución más corrupta entre las 15 organizaciones consideradas. El caso más reciente involucra la relación más que cercana entre la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA) y algunos alcaldes de la UDI. Según informes de prensa, quien visaba los contratos con GMA por parte del municipio de Recoleta era, al mismo tiempo, representante legal de la empresa. Las aristas del caso incluyen fuertes polémicas públicas entre líderes emblemáticos de la UDI, además del robo, esta semana, de dos computadores de funcionarios de Contraloría instalados en el municipio de Huechuraba para investigar los hechos. La filiación política de los alcaldes destituidos es, en buena medida, proporcional al número de alcaldes de cada partido. El problema de corrupción municipal no es problema de un partido en particular, tampoco de una coalición determinada. El problema de corrupción municipal es un problema nacional. Esto permite abordarlo con altura de miras y mediante acuerdos amplios, más allá de teorías de desalojo o estrategias para apernarse en el poder. La Contraloría ha hecho una buena labor detectando ciertos tipos de irregularidades, por ejemplo, revisando las rendiciones de cuentas, los cálculos de subvenciones y las declaraciones patrimoniales. Sin embargo, la solución a otros problemas no pasa por Contraloría sino por tener mayores estándares de transparencia. Con mayor transparencia es más fácil detectar actos ilícitos, tanto para la ciudadanía como los medios de comunicación, con lo cual involucrarse en dichos actos se vuelve más riesgoso. Si la comuna de Recoleta hubiera tenido en su página web un organigrama con las funciones que cumplen los directivos del municipio junto a sus declaraciones patrimoniales, cualquier vecino hubiese podido denunciar el conflicto de interés de quien visaba los contratos con GMA. La legislación actual contempla pocas exigencias de acceso a información municipal, peor aún, la poca información que debiera estar disponible muchas veces no lo está, y cuando lo está no es de fácil acceso ya que la persona interesada debe dirigirse a la oficina de partes para solicitarla. La ley sobre transparencia y acceso a la información que entrará en vigencia próximamente contempla avances importantes, destacando la obligación de que la información municipal esté disponible en la Web. Sin embargo, los temas cubiertos por dicha ley siguen siendo insuficientes. Motivados por lo anterior, Chile Transparente ha propuesto 95 estándares de transparencia a los cuales debieran aspirar todos los municipios.** La propuesta divide los estándares en tres categorías: un piso mínimo que cualquier municipio debiera cumplir (nivel básico), aquellos que requieren un esfuerzo adicional de cumplimiento (nivel intermedio) y aquellos que exigen un nivel más exigente de cumplimiento (nivel avanzado). La propuesta también clasifica a los 345 municipios del país de acuerdo a cuán rápido pueden avanzar hacia el cumplimiento de estos estándares. Los estándares incluyen total transparencia respecto de los ingresos, gastos y quienes participan en las corporaciones municipales, ya que estas corporaciones a veces facilitan la corrupción. También se incluye la obligatoriedad de publicar informes sobre la adjudicación de las concesiones, de las licitaciones públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el municipio y de las contrataciones de personal. Respecto de los servicios de educación comunal, Chile Transparente propone publicar los ingresos a través de la subvención estatal; las transferencias mensuales hechas por el municipio al sector educación; los requisitos de admisión en los establecimiento educacionales, cuando los hay; los gastos mensuales de la educación municipal y los resultados del SIMCE y PSU agregados y por establecimiento en cada a'no. Frecuentemente se argumenta que es más fácil para los ciudadanos fiscalizar a las autoridades locales que a las autoridades del gobierno central, porque nuestra relación con las autoridades locales, y los servicios que dependen de ellas, es más cercana. Este argumento se contradice con el hecho que, en la gran mayoría de los países, la corrupción de los gobiernos locales es mucho mayor que aquella del gobierno central. Chile no es una excepción en esta materia. Transparentar la gestión municipal permitirá a la ciudadanía ejercer mejor su rol fiscalizador. Por eso es importante complementar la Agenda de Probidad propuesta por el gobierno, que se centra principalmente en mejorar la gobernanza del gobierno central, con un plan integral que mejore la gestión y reduzca la corrupción en los municipios del país. *Eduardo Engel es profesor de Economía de la Universidad de Yale. **Chile Transparente: Estándares de Transparencia Municipal. Marzo 2008