Defendamos la ciudad

Por Miguel Lawner, Arquitecto y ex Director de la Cormu, 5 de mayo de 2007. Acabar con la segregación social urbana fue una preocupación fundamental del Ministerio de la Vivienda. Esta es una enfermedad impugnada también por los urbanistas de cualquier signo, conceptuada como causal de múltiples conflictos sociales y que consagra la inaceptable división entre una sociedad para los ricos y otra para los pobres. Ayer como hoy, los sin casa reclamaban su derecho a permanecer en las comunas de sus residencias, rechazando la erradicación a otras zonas que representa una ruptura con sus lazos y arraigos sociales, y eventualmente la pérdida de sus fuentes de trabajo. Así fue como se inició por ejemplo, en el corazón de Las Condes, la construcción de la villa Carlos Cortes, en nombre del primer ministro de la Vivienda en el gobierno de Salvador Allende fallecido prematuramente a un año de iniciado el gobierno. La villa Carlos Cortes ubicada en el ex fundo San Luis en Las Condes, se programó en beneficio de los grupos sin casa de esa comuna, empujados a vivir toda su vida junto a las riberas del rio Mapocho; 1038 departamentos se alcanzaron a entregar en el curso de 1972 y 73 antes del Golpe Militar. Comités de pobladores y cooperativas como El Esfuerzo y El Ejemplo, que habían estado postulando vanamente durante muchos años a alguna solución habitacional, vieron finalmente cumplidos sus sueños. La instalación de las primeras familias constituyó una fiesta popular extraordinariamente emotiva; brigadas juveniles subían y bajaban las escaleras ayudando en la mudanza mientras otros animaban la ceremonia con un espectáculo artístico al aire libre; grandes fogatas iluminaron la noche del barrio alto con la quemazón de las precarias tablas de madera que los habían albergado hasta entonces; grupos de asistentes sociales asesoraron a las familias beneficiadas en el uso de sus flamantes departamentos, algunos hasta ignoraban el empleo de los artefactos sanitarios. Las 1000 familias asignadas en este programa cumplieron con todos los requisitos de postulación, comenzaron a cancelar sus dividendos mensuales y para facilitarles este trámite la CORHABIT les instaló una caja recaudadora en uno de los bloques del conjunto. Sin embargo Pinochet desconoció estas legítimas asignaciones y ordenó el desalojo de estos modestos asignatarios, operativo que se realizó en la mayoría de los casos con gran violencia entre los años 1975 y 1978. Algunos fueron lanzados a la calle, otros fueron enviados a viejas poblaciones del Ejército situadas en Renca o en La Granja donde residía personal de la institución, y estos suboficiales o personal del Ejército entraron a sustituir a los legítimos propietarios de la Población Carlos Cortes. El despojo de estas familias es una más de las numerosas atrocidades cometidas por la Dictadura, lanzó a la calle sin misericordia a unos 5.000 chilenos, afirmando que se trataba de ocupantes ilegales. La Revista Ercilla publicó lo siguiente con motivo del desalojo de las últimas familias, ocurrido el 28 de diciembre de 1978: "Insólito, violento, brutal" son los calificativos que recibió el operativo policial para desalojar a los moradores de 112 departamentos en la Villa San Luis de Las Condes. "La medianoche del jueves 28 de diciembre -prosigue la información de Ercilla- los ocupantes de los departamentos fueron sorprendidos por un inusitado operativo, se acordonó el sector y se ordenó a las familias que salieran con sus pertenencias inmediatas. Unos 500 carabineros fueron encargados de trasladarlas a sus "lugares de origen", 20 familias quedaron en una cancha de fútbol en el paradero 37 de Santa Rosa, 8 en medio del camino a San José de Maipo, 4 en un basural en las inmediaciones de Lo Curro, y unas 80 en Renca", hasta allí la cita de Ercilla. Durante el gobierno de Patricio Aylwin, el Ejército legitimó este despojo con la complicidad del Ministerio de Bienes Nacionales, que mediante la dictación de tres decretos reservados destinó el conjunto para uso habitacional de la institución del Ejército, estableciendo, sin embargo, que si el Ejército no utilizare los inmuebles con los fines señalados o si los cediere a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la destinación. El Ejército hizo caso omiso de esta restricción, en 1997 lanzó a la calle o trasladó a otro lugar al personal de sus filas que ocupaba los departamentos hasta ese momento, y sin mediar licitación alguna vendió el terreno con todos sus edificios a una sociedad inmobiliaria en el valor de 80 millones de dólares. Extrañamente el Ministerio de Bienes Nacionales no impugnó dicha venta hasta el día de hoy dado el incumplimiento al decreto que ellos mismos habían emitido. Más tarde Lavín, entonces alcalde de Las Condes, según publicó Las Ultimas Noticias en su edición del 16 de julio de 1997, "Lavín de un plumazo derribó un mito: el anhelo del gobierno de la Unidad Popular de abrir las comunas pudientes a los sectores más desposeídos", y en enseguida empuñó los mandos del primer buldozer que inició la demolición de los muros más nobles jamás levantados en esa comuna. No seremos, lo mas bello de la comuna, pero tenemos el derecho a vivir, educarnos, trabajar, la salud, y lo mas importante, el entorno alrededor nuestro, hace 30 años no existía nada de esto y hoy nos sentimos aplastado por tanta modernidad impuesta, y como la historia es solo eso, todo se borra de un plumazo, el poder de las constructoras no tiene limite, cuando encuentran a gente corrupta, que por dinero, pasan a llevar los derechos elementales de la gente. La seguridad es buenísima, tenemos un parque fantástico, ¿ donde encontraremos una calidad de vida mejor que la que tenemos actualmente?. Hay actuales dirigentes en la junta de vecinos, que han impedido, el mejoramiento de este conjunto habitacional, con el único objeto de poder vender barato, bajo presión de empresas inmobiliarias, y peor aún, desde cierto sector del Ejercito de Chile, CINFRE. Y como dice el Chapulín Colorado ¿Y ahora quien podrá defendernos? Atte. Juan C. Orellana R. F: 09-7854804