Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación 5 de marzo de 2007. Si en Las Condes se otorgan permisos anuales por más de 2 millones de metros cuadrados, se trata de pérdidas enormes en dólares, que ha debido soportar la municipalidad por la falta de control de la Dirección de Obras. La Nación Patricio Herman. Agrupación Defendamos la Ciudad Por equivocaciones involuntarias o maliciosas -ojalá lo primero- la Municipalidad de Las Condes, en cuya comuna es posible encontrar los edificios más elegantes y elevados de nuestro país, deja de percibir millones de dólares todos los años por evaluaciones incorrectas en el pago de derechos asociados a la calidad de la construcción de obras que necesitan permisos de edificación. Esta situación ha sido informada a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Este hecho fue descubierto hace unos seis meses por el concejal fiscalizador Hugo Unda. Para que se entienda: la normativa actual dispone que cada permiso de edificación debe pagar un derecho, el que se calcula sobre el monto del presupuesto de la construcción y que se confecciona aplicando una tabla de valor unitario a cada metro cuadrado de construcción, según los tipos de materiales que se van a emplear. Por eso, mientras más impresionante sea la vivienda o el edificio que se proyecta, sus propietarios deben pagarle más a la municipalidad que concede el permiso. Este derecho municipal no es un impuesto. Se trata más bien de un cobro por la revisión de cada expediente y corresponde a 1,5% del presupuesto total de la construcción, según una clasificación y una categoría que señala la tabla elaborada por el Ministerio de Vivienda. Las obras se califican -en términos generales- dentro de las clases A (construcciones que cuentan con estructura soportante de acero), B (edificios con estructura de hormigón armado o con estructura mixta de acero con hormigón armado), o C (muros soportantes de albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado). También existen los tipos D, E, F, G. H e I, pero cuya descripción no se relaciona con los casos aquí analizados. La clasificación depende de la sustancia predominante y/o estructural y las categorías, de los atributos de los materiales de terminación, la estructura, las instalaciones y el diseño de la obra. La categoría se asigna de acuerdo con lo determinado en la resolución exenta 5014 del Minvu. Se consideran aquí las cualidades de la construcción. Todo este proceso permite determinar así las categorías 1, 2 y 3. Existen también las categorías 4 y 5, que son más simples. Con la clase correspondiente al tipo de edificación, según su estructura predominante y la categoría de la obra, según sus características, se determina el valor del metro cuadrado, siendo las de mayor precio la A, B y C como clase, y 1, 2 y 3 como categoría. Los arquitectos y los revisores de los proyectos determinan clase y categoría uniéndolas. Los funcionarios municipales deben verificar esta operación para aprobarla y enseguida otorgar los permisos. En Las Condes, la mayoría de las clasificaciones son B1 y pese a ello, por “desinteligencias” o revisiones negligentes, un altísimo porcentaje de permisos de edificación pagó derechos correspondientes a la clasificación B3, con lo que las inmobiliarias se han visto beneficiadas, en perjuicio del municipio. Según la tabla de enero de 2007 del Ministerio de Vivienda, el costo del metro cuadrado para las obras que calcen en la clasificación A1 es de 217 mil 964 pesos; para la B1, 248 mil 619 pesos; y para la B3, 136 mil 227 pesos, cifras indicativas de la lesión que sufre el erario municipal. Según la documentación que manejamos, existen unos 30 permisos mal clasificados, lo que indica que éstos se encuentran viciados y procede aplicar el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sancionando con multas a los culpables y deteniendo el desarrollo de las obras hasta regularizar el cobro correcto del derecho municipal. Esos 30 permisos son los que tenemos individualizados, pero todo indica que existen muchos más que desconocemos y que también están con esa “falla”. Si en Las Condes se otorgan permisos anuales por más de 2 millones de metros cuadrados construidos, se trata de pérdidas enormes en dólares, que ha debido soportar la municipalidad por la falta de control de la Dirección de Obras. Esperamos que los organismos públicos que saben de estas “gracias” asuman sus roles para recuperar los dineros escabullidos. Ojalá que este episodio, que recién se conoce abiertamente, sirva para que las municipalidades adopten las medidas necesarias destinadas a promover la probidad comercial para que así cada uno pague lo que le corresponde, según el nivel de calidad de sus proyectos.