Defendamos la ciudad

Lo sorprendente y notable del reciente fallo de dos de los tres miembros letrados e integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones sobre el Estadio Santa Rosa de Las Condes, es que se hayan pronunciado en contra de un dictamen de la Contraloría, mediante el cual se anula un acto administrativo que un determinado servicio público había realizado sobrepasando sus competencias. Mejor dicho, el bien entender un asunto determinado El conocimiento vulgar de nuestra realidad nos dice que el Organismo encargado de velar por el correcto desempeño de la administración pública nacional es la Contraloría. La cual, sin lugar a dudas, resuelve cada asunto que revisa en manera informada, exhaustiva y completa (a la letra y en el fondo), y este trabajo, que lo hace siempre de modo objetivo, a la luz de los hechos, de la jurisprudencia, y de la solemnidad de sus propias actuaciones, lo realiza un conjunto bien calificado de profesionales letrados. Sabiendo que esto siempre es así, sorprende y se nota que su buen saber y entender institucional, toda su experiencia, y su dictamen, hayan sido desautorizados por aquellos dos jueces arriba aludidos. Más todavía, porque en este caso particular lo que Contraloría ha objetado, y lo que dichos dos jueces están por reponer en derecho, es que en vez de un área verde escasa, central, a orillas del Mapocho, y colindante con la Costanera Andrés Bello y con una autopista en construcción, hacia un túnel nuevo en el San Cristóbal, se construyan tres torres de edificios de más de cincuenta pisos cada una, sin contar las plantas adicionales que haya que habilitar para los estacionamientos requeridos. Pero atención: Contraloría no está objetando esta idea de proyecto, que complicaría aún más la ya angustiosa congestión que se vive en esta zona. Está objetando el cambio de uso del suelo que haría posible construir tal idea inmobiliaria. Como se sabe, las 4 hectáreas y poco más de los terrenos aquí involucrados forman parte integrante de un parque existente y así formalizado oficialmente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y lo que es más, en su tiempo, durante el gobierno del Presidente González Videla, estos terrenos fueron entregados a la Universidad Católica de Chile como el mejor garante que, en cuanto a honorabilidad y valores sociales, realmente podía e iba a mantener este pedazo de borde de río como tal, en beneficio de las gentes en sus inmediaciones. Había fútbol y se saltaba a caballo. En ese entonces, el entorno al frente era un deprimido barrio industrial, en el que la CCU hacía de cabeza de serie, a pocos metros de aguas cloacales y el Canal San Carlos. De manera cierta, la entrega de dichos terrenos en comodato se efectúo nada menos que al amparo de aquel alcance valórico, y nótese bien: esto lo hizo un connotado masón presidente, y que así no obstante, actúo a favor de una creencia opuesta a la suya, confiado en la honorabilidad de la institución que por excelencia lidera la fe católica de nuestro país, impulsado por las gestiones de su distinguida esposa. De aquí el nombre del estadio, en reconocimiento. Todo el historial jurídico y reglamentario del caso fue aportado por nuestra Agrupación oportunamente, mediante los documentos respectivos, y entre ellos, ciertamente que no se atestigua el mérito de la confianza pública en una institución católica, como el que demostró reconocer el Presidente González Videla con dicha cesión en comodato. Muy seguramente en dichos autos tampoco hay ninguna constancia que apenas tomado el poder por la Junta Militar de 1973, o muy poco después, hubo insistentes gestiones por parte de influyentes personeros civiles de la referida Universidad para que, sin cambiar el destino de área verde de esos terrenos, se le autorizara construir graderías para conformar un estadio de fútbol, para no más de unas 12 mil personas en la primera pedida, la que se llegó a rebajar que fueran hasta 9 mil, posteriormente. Pues bien, el MINVU de entonces, y su misma DDU de hoy, dirigida por otros profesionales que los actuales, no autorizó aquella innovación. Y no lo hizo por una sola razón de fondo: No facilitar el deterioro del bienestar disponible en el lugar, por causa de una masa de eventuales espectadores que iban a gritar, ensuciar y aumentar los flujos de personas y vehículos, los días y a las horas que hubiera partidos. Así de increíble: Una ‘dictadura’ con sensibilidad social simple y directa de entonces, versus una ‘democracia’ como la de hoy, donde un juez y un abogado integrante resuelven de hecho que aquello que motivó a González Videla para entregar el comodato, su confianza en una institución de honor; al igual que los argumentos de una DDU bajo el Gobierno de Pinochet, con ideas de hacer prevalecer el Bien Común; no son materias que están en la discusión. Sin embargo, si está en la discusión el saber si se va a desatender o no la opinión versada de la Contraloría, y si así ocurriera, el conocer qué opinan nuestras nuevas autoridades al respecto. Como quiera que la Corte Suprema haya de restituir lo que ha dictaminado Contraloría en este caso, al igual que si no lo hace, lo anterior son solo un par de anécdotas y una inquietud sobre nuestro ordenamiento institucional, que ha de servir para aquellas conversaciones sobre el país que nos agradaría tener. _____________ Waldo López Moya es miembro de la "Agrupación Defendamos la Ciudad"