Defendamos la ciudad

En nuestra columna “Atropello al derecho de propiedad”, publicada el 02/07/04, dimos cuenta cómo algunas constructoras violaban los derechos de los vecinos colindantes a los terrenos en donde aquellas efectuaban excavaciones profundas y que, para evitar el desmoronamiento del terreno, introducían unos anclajes postensados en los subsuelos de los predios limítrofes que no les pertenecen. Sin las respectivas autorizaciones y aprovechándose del laissez faire imperante hacían y deshacían en esos subsuelos colindantes a los propios. El 11/12/04 publicamos la columna “Minvu pone atajo a abusos de constructoras”, en la cual reconocíamos muy favorablemente la decisión de ese ministerio que había puesto las cosas en su lugar. En efecto, vía ORD. Nº 4132 del 02/12/04 de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, se constató la ilegalidad denunciada en este medio y por ello proponíamos que en la próxima modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), se reglara la utilización de esta modalidad de entibación para que las constructoras trabajaran con un respaldo legal y al mismo tiempo para resguardar los derechos de sus vecinos inmediatos. Es más, aseveramos que la ministra Sonia Tschorne, arquitecta y magíster en urbanismo, había entregado al mercado inmobiliario una señal clara en orden a que el bien común de la ciudad debe ser respetado por todos quienes nos desenvolvemos en ella. Oficialmente el Minvu había establecido que la materia de las entibaciones en excavaciones profundas y que penetran con sus anclajes en predios vecinos, no se aviene con el artículo 582 del Código Civil que señala “el dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente”. También dijo que el inciso primero del artículo 700 del mismo Código indica “la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por si mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. Dicha autoridad concluyó que “el propietario posee el derecho exclusivo sobre el terreno propio y no puede disponer de la propiedad de los vecinos colindantes, es decir, el propietario del terreno está facultado para realizar todas las obras de edificación que estime conveniente en su propio predio, pero no puede construir entibaciones que requieren de anclajes y tirantes que penetren y ocupen la propiedad de los vecinos, salvo que tenga la autorización expresa de los propietarios vecinos que corresponde”. Impecable el comportamiento del Minvu hasta esa fecha, ya que también había decidido incorporar esta materia en la O.G.U.C. y en paralelo, días más tarde, había instruido, vía Circular Nº 39 del 30/12/04, a los directores de obras municipales cómo debían proceder. Pero la racionalidad tuvo una efímera vida, ya que los mercaderes de la construcción, acostumbrados al permisivismo, pusieron el grito en el cielo y se acercaron al Minvu para que dejara sin efecto su decisión ordenadora. Así fue como se emitió el ORD. Nº 50 del 01/02/05 firmado por la jefa de la división de Desarrollo Urbano del Minvu, tercer nivel en la jerarquía de ese órgano del Estado, en donde se señaló que la materia “fue estudiada por una mesa de trabajo multisectorial constituida por representantes de diversas instituciones relacionadas con la construcción, y quienes acordaron, al principio del mes de Diciembre de 2004, no incluir este tema en la O.G.U.C.” (sic). El broche de oro corresponde a la servil frasecita “debe señalarse que los Directores de Obras Municipales no pueden exigir al interesado la autorización expresa de los propietarios vecinos que corresponda para la aprobación municipal de proyectos de edificación, ya que la O.G.U.C. no lo contempla” (sic). Es decir, el Minvu se dio una impresionante voltereta demostrativa de su apocado rol, lo que nos indica que su existencia no tiene razón de ser. Dado que se validó la manga ancha a las constructoras, éstas proceden de la manera que mejor les plazca, sin respetar los derechos de propiedad de sus vecinos cuando tienen que utilizar esta forma de entibación. En fecha posterior al “arrepentimiento” del Minvu, la Contraloría General de la República, sin tener en cuenta lo preceptuado en el Código Civil con respecto al derecho de propiedad, muy suelta de cuerpo informó que “esta técnica no contraviene la normativa aplicable y que es ampliamente avalada por los expertos en la materia, por lo que, en caso de comprobarse algún perjuicio con su utilización que afecte a terceros, dicha situación revestiría carácter netamente litigioso y, por ende, sería de competencia de los tribunales de justicia”. Es decir, la Contraloría se lavó las manos. Ya que los órganos del Estado sucumbieron ante el poder del omnipotente sector privado y teniéndose en cuenta que se repiten los abusos de las constructoras, consideramos oportuno y necesario dar a conocer una carta pública dirigida a Michelle Bachelet, suscrita por la arquitecta Adriana Araneda, cuya familia está pagando el costo de la obsecuencia chilensis, cuyas instituciones públicas no se atreven a ejercer sus atribuciones para poner coto al libertinaje de la penetración de elementos extraños en los subsuelos de propietarios comunes y corrientes. El texto es el siguiente : CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA ELECTA Ñuñoa, 21 de febrero de 2006 Excelentísima Sra. Michelle Bachelet Jeria Presidenta Electa República de Chile PRESENTE Nuestra madre, Gina Fogliatti, de 95 años ha tenido que abandonar su casa ante un posible derrumbe. Su vivienda ha sido gravemente dañada por los trabajos realizados por la empresa inmobiliaria Almazara S. A. en calle Dublé Almeyda 1380 en la comuna de Ñuñoa, por la construcción de una torre de 16 pisos. Las excavaciones fueron realizadas sin contar con los permisos correspondientes entre los meses de septiembre y noviembre de 2005. Estas excavaciones fueron realizadas a ras de la propiedad a la vertical, provocando derrumbes del subsuelo y por consiguiente los muros de la vivienda se han agrietado por el asentamiento del terreno. Al día de hoy y pese a todos los reclamos iniciados por nosotros para proteger a nuestra madre, la respuesta siempre ha sido la misma: “Todo está en regla y conforme a la ley”. Sabiendo que esta será también la respuesta en caso que ustedes contacten al municipio de Ñuñoa y Seremi de Vivienda y Urbanismo, Sra. Presidenta Electa, nos preguntamos: ¿Existe hoy en Chile justicia para todos? ¿Se respetan los derechos humanos de los simples ciudadanos? ¿Quién vela por resguardar la integridad física y moral de una anciana al final de sus días? Usted comprenderá, Sra. Bachelet, que una persona a esa edad ya no tiene tiempo de esperar el desenlace de un juicio ordinario de 5 años y más, que lo único que desea en su fuero más íntimo es que le devuelvan la paz que le arrebataron, la vivienda en donde pasó sus últimos 50 años de vida que ella misma participó en concebir, donde cada detalle reviste para ella un significado especial. -A los ancianos no sólo se les abandona o encierra, también se los obliga a renunciar a la vivienda donde han elegido terminar sus días. Es por ello que por su intermedio, Sra. Presidenta Electa, exigimos a las autoridades pertinentes una urgente solución al problema que aqueja a nuestra querida y adorada madre. Adriana, Gina y Rodrigo Araneda Fogliatti Estamos ciertos que hasta el 11 de Marzo próximo, el Minvu no hará nada en defensa de los derechos urbanos y de propiedad de la anciana madre de la arquitecta Araneda, ya que sus actuales autoridades han renunciado voluntariamente a cumplir sus cometidos como servidores públicos. Pero sí tenemos plena confianza que la presidenta electa, cuando asuma próximamente, instruirá a Patricia Poblete, nueva ministra del ramo, en orden a que el Minvu proceda con ecuanimidad y siempre pensando en el bien común de la ciudad con pleno respeto por todos sus ciudadanos. La nonagenaria abuela mencionada en la carta abierta no puede seguir esperando: ella debe volver a su hogar. Este caso lo conocemos desde hace varios meses y por ello consideramos inaceptable la impavidez de todos quienes ejercen funciones públicas. El vergonzoso ejemplo relatado nos indica que es indispensable recuperar a nuestras instituciones públicas para que resguarden los intereses de los más débiles en esta jungla de oligarquía de mercado que nos está llevando al precipicio. El Presidente Lagos termina su gobierno con el amor que le brindan los grandes empresarios y por ello nos gustaría que la Presidenta Bachelet, a riesgo de perder esa expresión de cariño de quienes mandan en Chile, se la juegue por la gente como la señora erradicada de su casa porque el Minvu no asumió su cuota de responsabilidad en el ejercicio de sus atribuciones legales. Hay que expandir el respeto por el derecho de propiedad, ya que éste también vale para aquellos no apitutados. No sólo los que tienen expedito acceso a los salones de La Moneda pueden disfrutar de sus garantías respaldadas por la Constitución Política que nos rige. _______________ Patricio Herman es director de la "Agrupación Defendamos la Ciudad"