09 Julio 2012

Seis razones por las que el Plan Regulador Metropolitano carece de legitimidad

Por Isabel Serra, arquitecta Laboratorio de Ciudad y Territorio de la UDP e integrante de Santiago Cómo Vamos.

A la espera de que se conozca la resolución de la Controlaría en materia de aprobación de la extensión de la ciudad bajo el proyecto de actualización Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100), el consorcio ciudadano Santiago Cómo Vamos, expone seis razones de fuerza por las que esta iniciativa no debe seguir su curso: 1. El precenso 2011 del INE muestra un cambio de tendencia en el crecimiento de la ciudad. Datos concretos evidencian un importante crecimiento de las comunas centrales en desmedro de la periferia; es decir, existe un cambio de tendencia de crecimiento que es hacia adentro de la ciudad más consolidada. 2. Esto cobra relevancia en tanto el estudio en el cual está basado este proyecto, no abarca la totalidad del territorio, por ende, los objetivos planteados por este plan, un Santiago más verde, más conectado y más integrado, son totalmente cuestionables si uno se pregunta por lo que realmente está pasando en toda la cuenca Mapocho-Maipo. Por lo tanto, es un proyecto no pertinente y descontextualizado de la realidad. Éste ha sido un proceso que carece totalmente de transparencia. A pesar de los continuos requerimientos a la Seremi para hacer públicos los nombres de los titulares de los predios afectados por la expansión, éstos nunca se han entregado. 3. Existe un claro conflicto de intereses. El ministerio sectorial que debe regular las fallas del mercado del suelo, es presionado para generar condiciones en la industria. A su vez, debe responder a las demandas sociales y cumplir con sus propias metas. Es decir, la autoridad que diseña el plan tiene intereses creados en que éste se apruebe. En esta misma línea, las autoridades decidoras carecen de legitimad técnica y política, juegan un rol poco transparente que no responde al bien común, sino a esta relación de compromiso con una industria que al mismo tiempo regula. 4. El procedimiento de elaboración y aprobación por el que el PRMS 100 se aprueba en el Core, presenta diversos vacíos y puntos de inflexión que permiten la acción discrecional de la autoridad. Por ejemplo, una vez que la Contraloría ha rechazado el plan, ¿éste no debería ser nuevamente evaluado?, ¿no debería ser sometido a una nueva votación en el Core? O, por último, ¿este un nuevo Plan no debería ser consensuado entre todos los actores? Entonces, ¿quién, cómo y cuándo se toman las decisiones que no están estipuladas en el procedimiento establecido en la Ley? 5. Éste ha sido un proceso que carece totalmente de transparencia. A pesar de los continuos requerimientos a la Seremi para hacer públicos los nombres de los titulares de los predios afectados por la expansión, éstos nunca se han entregado. En ese sentido, existe un grave problema de asimetría de información y una completa desregulación del mercado, ya que al no saber con exactitud a quién corresponden estos predios, el Estado no está asegurando reglas justas para todos los actores que coproducen la ciudad, exacerbando el fenómeno de especulación sobre los valores del suelo. 6. Por último, la razón más importante, la ciudadanía y la opinión pública, no son parte vinculante del proceso del diseño y elaboración del plan. Por tanto, esta propuesta carece de toda legitimidad frente a todos los santiaguinos que desean vivir en una ciudad más verde, más conectada y más integrada. Como consorcio ciudadano, establecemos que el PRMS 100 le confirió al mercado desregularizado las decisiones urbanas relevantes que todos los actores debimos consensuar y, por ello, exigimos que esta modificación no siga su curso legal y sea retirada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Intendencia Metropolitana a la espera de la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, actualmente en curso.



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